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CRÓNICAS

“Decadencia política” – Rodney A. Ríos Rodríguez

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Por: Rodney A. Ríos Rodríguez

“The observance of the law is the greatest solvent to public ills” – Calvin Coolidge

Una de las herramientas necesarias e importantes para un sistema político y una economía saludable es el imperio y la obediencia de la ley. Esa obediencia toma muchas formas, en el escenario político es el respeto y aceptación de las reglas políticas establecidas, tanto en los procesos electorales como en los procesos constitucionales. Es decir, cuando un sector no acepta las reglas electorales y las tilda de fraudulentas, comienza a haber una ruptura en la estabilidad democrática. En nuestros tiempos esto se ha visto con la insistencia del expresidente Trump de que le robaron la elección que claramente perdió; el discurso de parte del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y muchos de la oposición de que la pasada reforma electoral le permitió al PNP “robarse” las elecciones; que el gobernador Pierluisi es ilegítimo por solo ser electo con un 32% del voto; la alegación de Manuel Natal de que la elección del alcalde Miguel Romero igualmente fue ilegítima; etc. Vivimos en una era de demagogia e inmadurez política. El problema con estos discursos es que van minando la confianza en el sistema político, la pacífica alternancia del poder y la fe en las elecciones libres. La democracia puertorriqueña siempre ha sido amenazada por elementos radicales que se niegan a aceptar la voluntad democrática del pueblo y buscan imponer su visión mediante la fuerza — paradójicamente, esos sectores alegan que actúan en nombre del pueblo; así lo hicieron el Partido Nacionalista, los Macheteros y las Fuerzas Armadas de la Liberación Nacional en su momento. Todos esos movimientos acudieron a la violencia, alegando que el voto del pueblo era ilegítimo por ser Puerto Rico una “colonia”. Incluso el PIP, que pretende ser el partido estandarte de la democracia, se opuso a la Convención Constituyente en la década de los cincuenta, e históricamente – aunque este partido ha sido pacifista – ha defendido y glorificado a las fuerzas anti-demócratas y terroristas de la historia puertorriqueña como los nacionalistas u Oscar López.

Por otra parte, la democracia no se compone de las pasiones momentáneas de las masas; sino que se compone de elementos más profundos, como el seguir y defender la constitución establecida. Esto es así porque la constitución recoge la legitimidad de la soberanía popular, siendo esta la carta magna de una comunidad política organizada y encarnando la voluntad de ese pueblo hasta que este la revoque o altere. En ese sentido, la constitución de Puerto Rico garantiza que no se menoscabarán las relaciones contractuales. Esta disposición constitucional tiene mucho sentido, ya que, de no existir una protección contra el menoscabo, se pueden violar los derechos a la propiedad privada y adicionalmente no se podría confiar en los negocios pactados con el gobierno puertorriqueño. He aquí el problema principal de la insistencia de la oposición política en querer revocar un contrato válido y pactado como el de LUMA. Esa insistencia parte de intereses a corto plazo, se niega a ver las consecuencias a largo plazo. El gobierno debe mantener su palabra con el contrato de LUMA, el no hacerlo provocaría efectos negativos en la capacidad del gobierno para concertar negocios y podría ser una estocada mortal — lo cual sospecho es la intención de la izquierda — a cualquier intento futuro de privatización y reducción del tamaño gubernamental. Dicho de otra forma, si la oposición llegara a revocar el contrato de LUMA, tendría el efecto de destruir más aún la credibilidad del gobierno puertorriqueño para negocios; minando la estabilidad constitucional y política de la sociedad puertorriqueña. Afortunadamente, el Gobernador ha demostrado estar consciente de las consecuencias y ha defendido la constitución sobre las pasiones momentáneas de la oposición.

Esta actitud de ataque a la estabilidad constitucional ha ido en incremento por parte de la Legislatura PPD-MVC-PIP. Es bochornoso que vamos por la mitad del nuevo año y una gran cantidad, por no decir la mayoría, del gabinete y puestos del gobierno no han sido confirmados o atendidos por parte de la Legislatura. Por otra parte, la semana pasada fuimos testigos de un linchamiento legislativo al nominado a secretario de estado, el exsenador Larry Seilhammer, por parte de la Cámara de Representantes cuando la propia comisión de nombramientos de la Cámara había rendido un informe positivo al nominado, basándose en los méritos del nominado. Este hecho fue ignorado y se rechazó el nombramiento usando como pretexto meros caprichos partidistas; eso es un acto que desafía el sentido común y obvia el hecho de que con gran poder existe gran responsabilidad. Esa responsabilidad en un gobierno compartido requiere, como mínimo, la evaluación con seriedad de los nominados del ejecutivo y la decisión sobre estos a base de sus méritos. Esto es necesario para garantizar un buen funcionamiento gubernamental.

De todas formas, parece que el periodo de gracia de este cuatrienio terminó, y comenzamos ahora un periodo de guerra total de parte de la Legislatura contra la administración Pierluisi. Esas actitudes convenientemente ignoran que el cuatrienio está empezando y Puerto Rico necesita un gobierno funcional. Son precisamente esas actitudes las que han llevado al PPD a hacerse cada vez más un dinosaurio ideológico y partidista. En fin, tenemos un ambiente político tóxico donde muchos pretenden hablar en nombre del pueblo para imponer sus visiones por encima de la ley, y, por tanto, se hace necesario defender la constitución y el imperio de la ley ante esos ataques.

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