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CRÓNICAS

“La embriaguez de poder” – Merlyn Jacet Rivera Zayas

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Por: Merlyn Jacet Rivera Zayas

El Poder Legislativo se separa de los Poderes del Ejecutivo y Judicial. Su facultad principal es crear leyes buscando dirigir las acciones de los gobiernos. En Puerto Rico, los componentes de la Rama Legislativa representan a los electores, quiénes tienen el derecho a elegir cada cuatro años. En la pasada elección del 2020, los puertorriqueños, en su mayoría, votaron por un gobierno compartido. La Rama Legislativa cuenta con la mayoría bajo la insignia del Partido Popular Democrático. Desde el 2004 no se daba un gobierno compartido, en aquel entonces fue en viceversa. Durante el cuatrienio, fue difícil para el país el resultado del gobierno compartido; la crisis económica aumento con el cierre del gobierno y tener un gobernador acusado a nivel federal complicó aún más las cosas.

Sin embargo, en este cuatrienio la crisis la ha creado la Asamblea Legislativa por su pobre ejecutoría. A un mes de finalizar la sesión ordinaria, aún el gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia, no ha podido firmar una ley en beneficio de los ciudadanos. Esta asamblea, que también tiene como facultad realizar investigaciones mediante resoluciones, ha sido su único enfoque en los pasados cinco meses. No obstante, relacionado a las confirmaciones del gabinete del gobernador, han sido menos sus ejecuciones y es que a penas en el mes de marzo comenzaron a realizar vistas públicas de confirmación. De esta forma, como parte de su autoridad, esta darle el visto bueno al gobernador de los componentes de las diferentes agencias para que puedan llevar a cabo la política pública en las agencias que dirijan.

La costumbre ha sido que los legisladores buscan que estos confirmados tengan un compromiso con las situaciones que afectan a sus representados. Mas para la Cámara Baja su afinación es extorsionar al gobernador con los nominados a secretario de Estado Larry Seilhamer Rodríguez y Manuel Torres Nieves como Contralor, a cambio de aprobar enmiendas al Código Electoral convertido en ley el pasado cuatrienio. Hoy en día, entre los legisladores de mayoría de la Cámara Baja, no se han puesto de acuerdo en las enmiendas al proyecto. Los ciudadanos no podemos seguir siendo rehenes por caprichos o intereses personales de demostrar más liderato que otro. Es que parece que en el Partido Popular Democrático existe una competencia de liderazgo entre los presidentes de la Asamblea Legislativa. Los electores no votaron para que sean un obstáculo al ejecutivo, en los pasados años los puertorriqueños han pedido más acción y más productividad de los líderes electos.  

Tan recién fue “colgada” por la Cámara Alta la segunda nominada a la secretaría de Educación. En esta ocasión, no fue rechazada por su competencia profesional, fue rechazada por ser una activista del Partido Nuevo Progresista. A los legisladores “le vale” que una persona, que no asume un cargo de forma interina, al menos tenga un plan para cada situación que se vive en la educación del país. Los puertorriqueños estamos agotados del individualismo, cada vez pretendemos más armonía entre la rama Legislativa y Ejecutiva. Es cierto que se reconoce la capacidad de cuestionar los asuntos que sean de importancia de los pueblos que representen, pero no pueden pretender que la educación del futuro de nuestro país sirva de rehén para adelantar otras causas.

La mayoría de los legisladores que componen la Cámara Alta están en su primer cuatrienio. ¿No fueron los electores, quienes le dieron la oportunidad de ser legisladores sin tener experiencia previa? Entonces, ¿por qué no se le puede dar la oportunidad a una nominada como Magaly Rivera con su preparación y trayectoria profesional en educación? No sean injustos, el deber es dar la oportunidad de ejecutar, si no responde será responsabilidad del gobernador retirar la confianza y esta renunciar al puesto que ocupe. Es irreal que una persona que no esté ocupando el puesto, pueda tener el acceso a toda la información y poder presentar planes concretos. Los legisladores de mayoría en ocasiones carecen de humanidad.

Cuando un designado por el gobernador, en este caso por Pedro R. Pierluisi Urrutia, decide someter al consentimiento al cuerpo legislativo, es porque a su entender es la persona capaz de poder llevar a cabo la política pública del gobernante electo. Los legisladores están en su derecho, son ellos quienes nos representan, pero sean cuidadosos en sus acciones, un país entero observa sus ejecutorias. Al final de estos próximos cuatros años, será el pueblo quien decida cuán acertada ha sido su trayectoria.

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