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CRÓNICAS

“El costo de una huelga ideológica, viciosa e innecesaria” – Dr. José M. Saldaña

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Por: Dr. José M. Saldaña

Luego de un mes de asambleas, paros y huelgas, ya comenzaron los estudiantes de los distintos recintos de la UPR a dar por terminada la huelga. Huelga que, supuestamente, tuvo su origen debido a los recortes que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) llevó a cabo en lo que sería el Plan Fiscal para la UPR. Recortes que significan un presupuesto de $500 millones anuales para la Universidad de Puerto Rico del presupuesto del estado por los próximos 5 años, en lugar del 9.66% del promedio de los dos años anteriores del Fondo General de Puerto Rico. Además, la UPR recibe alrededor de $80 millones por concepto de las recaudaciones de los casinos y otras fuentes.

Después de estas protestas, cierres forzados y huelga, es obvio que los estudiantes han reconocido que es vano empeño el darle marcha atrás a la determinación de la Junta de Supervisión Fiscal y han tenido que conformarse con que las autoridades universitarias, comenzando por la Junta de Gobierno, su presidenta interina y rectores, mediante declaraciones escritas, expresaran su oposición inocua y académica a los recortes de la JSF. También, como parte de esa “gran gesta”, los estudiantes han logrado que se incrementen los cursos presenciales, que se expanda el horario de bibliotecas y se les informe sobre distintos asuntos administrativos como el presupuesto de sus unidades, etcétera, y, finalmente, que no se tomen medidas disciplinarias contra nadie por la participación en una huelga ilegal.

El logro principal de la huelga ha sido el poner en evidencia públicamente la incapacidad o falta de voluntad de la Junta de Gobierno y las autoridades universitarias en hacer cumplir la ley entregando a los estudiantes -de facto- el cogobierno universitario. Esto último -el cogobierno- es lo que verdaderamente ha sido en todo momento el objetivo principal a lograr por parte los líderes ideológicos de la huelga quienes manipulan por lo bajo a los estudiantes. Es un hecho incontrovertible que esa ha sido una huelga ilegal. Ver el caso UPR vs. Laborde Torres, 2010 TSPR 225, el cual declaró que los estudiantes no tienen derecho a huelga y la administración tiene la obligación de salvaguardar los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria.

Todas estas peticiones por parte de los estudiantes y las concesiones por parte de la administración de la Universidad han puesto en evidencia que dicha administración ha abdicado su responsabilidad sobre la institución y la ha cedido otorgando a los estudiantes el poder de negociación como si fueran un gremio o sindicato. Cosa que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha rechazado.  

Un cálculo inicial nos revela un costo de esta huelga de alrededor de $17 millones por concepto de mantener los recintos en cuestión cerrados, pero pagando los salarios de toda la empleomanía, el daño a las instalaciones por el vandalismo, la falta de mantenimiento y esto sin contar el daño adicional irreparable a la imagen de la UPR. Esto no toma en consideración lo que pueda la MSCHE (organismo responsable de evaluar y acreditar a las universidades) señalar próximamente a la institución respecto a su estatus como miembro ante una posible probatoria o desacreditación.

Puerto Rico no puede, ni debe permitir y sostener esta situación con su universidad por más tiempo. Ya es necesario que se tome acción contundente para devolverle a los contribuyentes una universidad del estado cuya misión, metas y objetivos sean los de las necesidades del estado y no las de grupos que tienen intención de utilizarla como ente ideológico desestabilizador ante la mirada apática de una inefectiva e inepta Junta de Gobierno y los funcionarios administrativos.

Preguntémonos: ¿Quién pagará el costo de esta viciosa e innecesaria huelga en una institución y gobierno en quiebra?

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