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CRÓNICAS

“Implicaciones del fin de la huelga en el Recinto de Río Piedras” – Dr. José M. Saldaña

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Por: Dr. José M. Saldaña

La huelga de estudiantes terminó en el recinto de Río Piedras con la firma de un “convenio colectivo” mediante el cual la gerencia básicamente les concedió a los estudiantes la capacidad y poder de negociar las determinaciones administrativas/académicas. Es decir, el Recinto concedió de facto el cogobierno universitario.

Con el cese de esa huelga estudiantil, lo único que hasta ahora se ha demostrado es la incapacidad del gobierno de hacer cumplir las leyes del país pues es un hecho que esa es una huelga ilegal. Ver el caso UPR vs. Laborde Torres, 2010 TSPR 225, en el cual se declaró que los estudiantes no tienen derecho a huelga y la administración tiene la obligación de salvaguardar los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria. Ante esa realidad, no se ha acudido por la Junta de Gobierno al tribunal para emitir un interdicto de cese y desista y arrestar a su liderato si no la terminan. O sencillamente llamar a la policía y arrestar al liderato estudiantil que se encuentra obstruyendo la entrada a los recintos y el funcionamiento de la institución.

La excusa que se ofrece para no hacer eso es que no se tienen la prerrogativa de movilizar la policía para hacer cumplir la ley. He consultado a varias personas -entre ellos a jueces- y me han señalado que lo anterior no es cierto. Pero aún si tuvieran dudas y reservas en así hacerlo motu proprio, como JG tienen la responsabilidad de ilustrar al gobernador sobre las consecuencias para la institución de no hacer cumplir la ley en el caso de una huelga estudiantil ilegal. Tienen la obligación ministerial de ejercer como cuerpo esa responsabilidad que creo no lo han hecho y si lo hicieron háganlo saber.

Si luego de ejercer esa responsabilidad el gobernador no les da el aval para hacer cumplir la ley, entonces la responsabilidad queda en manos del gobernador, así como también las consecuencias. Pero lo que es inaceptable es que la JG en última instancia no haya hecho cumplir la ley o haberle solicitado al gobernador la necesidad de hacer cumplir la ley.

Tenemos que estar claros de que esta es una huelga ideológica. Es una huelga que obedece a una estrategia que lleva décadas gestándose para utilizar la Universidad como ente desestabilizador del gobierno, tal como ha ocurrido en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros. Las decenas de peticiones de los estudiantes para irse a una huelga ilegal han sido la excusa. De igual manera, el llamado diálogo, al que los estudiantes mediante los llamados comités de diálogo apelan que se respete, no es otra cosa que un mecanismo para comprar tiempo para evitar que se utilice la ley en su contra y así continuar con los procesos desestabilizadores institucionales y del gobierno. Esperemos más disturbios el próximo año según se presente en la próxima sesión legislativa nuevamente el P. del S. 172 de Vargas Vidot.

Ante la cobardía administrativa en el Recinto de Río Piedras y la mirada apática de la Junta de Gobierno, los estudiantes revolucionarios y sus mentores consiguieron de facto el cogobierno universitario, elemento indispensable para lograr constituirse en un ente desestabilizador. Este “logro” próximamente habrán de extenderlo a otras unidades en lo que vuelve a presentarse el P. del S. 172 cuyo objetivo principal detrás de la prosa rimbombante y llena de buenas intenciones, es obtener el cogobierno universitario para poner la institución en manos de los revolucionarios.

La huelga no se ha terminado y los objetivos tras esta siguen en pie.

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