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CRÓNICAS

“La amenaza de la jueza Taylor Swain y su efecto… vergüenza colectiva” – Dr. José M. Saldaña

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Por: Dr. José M. Saldaña

Con una quiebra monumental de alrededor de $120 billones (120, 000 millones), la más grande del mundo – a causa de décadas de irresponsables gobiernos populistas, en las pasadas elecciones nuestro pueblo votó para elegir en precario a un gobernador del PNP (Pedro Pierluisi)  dándole una legislatura contraria– de oposición total a todo -que es una mogolla de ideologías y de personajes ineptos más pendientes de su inmediatez que de los acuciantes problemas del territorio para imposibilitar así su mandato.

Ante este cuadro, el lunes 25 de octubre, la jueza Laura Taylor Swain, ante quien está la suerte de la Ley PROMESA, de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), de la quiebra del país y en últimas instancias del propio “país”, en una vista urgente ha señalado que se le está acabando la paciencia con este gobierno insular y con un proceso de quiebra que lleva ya más de cuatro años y que se sigue dilatando. La jueza explicó que tiene ante sí como uno de los posibles escenarios, examinar si procede desestimar el proceso de bancarrota más grande en la historia de los Estado Unidos. En otras palabras, si se termina con la protección del escudo que proveyó para la isla el Congreso de los Estados Unidos mediante la ley PROMESA para la suspensión de costosos litigios mediante los cuales la isla se ha librado de infinidad de pleitos para tener que pagar a los acreedores y bonistas. De terminarse esa protección de la Ley PROMESA, Puerto Rico sería presa de miles de litigios por parte de los acreedores que despedazarían la isla posiblemente haciéndola inviable fiscal, económica y socialmente.

Luego de mucha pérdida de tiempo, finalmente surgió el proyecto 1003 que habilitaría la implementación del plan de ajuste de la deuda (PDA) para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, el cual después de mucho debate y argumentación fue aprobado el pasado martes por la Cámara de Representantes de Puerto Rico con 30 votos a favor y 15 en contra. Ahora falta que el Senado -donde hay muchas objeciones de todo tipo al proyecto- lo apruebe. Esa aprobación debía darse en la sesión del Senado de hoy martes 26.

Durante el pasado fin de semana, se llevó a cabo en Dorado una reunión entre legisladores de ambos partidos principales en la que supuestamente se pusieron de acuerdo sobre el lenguaje del proyecto en cuestión lo que debiera lograr que se apruebe el mismo por la legislatura y de estar de acuerdo el gobernador lo firmaría convirtiéndolo en ley. De ahí pasaría con las recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a una mediadora, la jueza Barbara Houser quien deberá iniciar un proceso de mediación entre las partes para tratar de armonizar las diferencias que surjan entre la JSF y el gobierno. Esta jueza mediadora deberá informar el 2 de noviembre si llegan a un acuerdo para celebrar la vista de confirmación. En el caso de que no haya acuerdo, la JSF deberá informar el 4 de noviembre si el Plan puede ser confirmado. La JSF señaló que: “aprobar el Proyecto de Ley con cambios que crean ambigüedades o nuevas obligaciones le imposibilitará a la Junta dar su consentimiento y se mostró dispuesta a desestimar el Plan si no hay acuerdo”.

Los abogados de algunos de los bonistas dejaron claro que se debe aprobar la legislación pendiente o de lo contrario pedirán la desestimación del proceso de quiebra, lo cual llevaría a la isla a un verdadero desastre.

El gobernador Pedro Pierluisi señaló en declaraciones escritas: “Estamos en una coyuntura histórica y la posición de mi administración ha sido consistente desde el principio. Tenemos que acabar con la quiebra del Gobierno de Puerto Rico y las pensiones públicas tienen que ser protegidas y así será. Fuimos claros en la vista de estatus convocada por la Jueza Laura Taylor Swain, en que se debe mantener en pie el proceso de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda y la Jueza estuvo de acuerdo.”

“Reiteramos nuestro llamado a la Junta de Supervisión a encontrar el consenso que nuestro pueblo espera y necesita para lograr el fin de la quiebra y lograr que Puerto Rico vuelva a crecer. Mi administración y el liderato legislativo ya están a punto de lograr ese consenso y solo falta que la JSF continúe adelante con el proceso de la reestructuración y permita que la jueza Taylor Swain tome las decisiones que correspondan”.

En resumidas cuentas, Swain explicó que, si al tribunal no le queda otra alternativa y desestima los casos de Título III, la JSF continuará en funciones y Puerto Rico habrá perdido la protección contra litigios, es decir, el escudo que le dio Promesa en contra de los acreedores.

Y, si ese fuera el caso, advirtió la jueza, Puerto Rico verá “un caos”. Si, hasta ahora, se han pagado millones de dólares en abogados y asesores, explicó Swain, disputarse con acreedores costará miles de millones de dólares más, un escenario que poco bien haría a los pensionados y a la ciudadanía en general.

Finalmente, el martes 26 en la noche el senado aprobó el proyecto 1003 que viabiliza el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) y el gobernador Pierluisi lo convirtió en ley al firmarlo. El primer mandatario subrayó que “a pesar de grandes escollos, hoy hemos dado un gran paso hacia adelante para ponerle fin a la quiebra y salir de la Junta de Supervisión”. 

Pero Pierlusi afirmó también que “falta mucho camino por andar y no tengo duda de que estamos en la dirección correcta.  Seguiremos luchando hasta que logremos reestructurar la deuda, viabilizar nuestro desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.

Tras la firma del proyecto por el Gobernador, la Junta de Supervisión Fiscal, en declaraciones escritas, concluyó que “evaluará cuidadosamente la legislación aprobada a fin de determinar si facilita la confirmación del Plan de Ajuste.”

Ahora veremos a ver si lo aprobado habrá de pasar a la mediadora, la jueza Barbara Houser, quien deberá iniciar un proceso de mediación entre las partes para tratar de armonizar las diferencias que puedan haber surgido entre la JSF y el gobierno.

A pesar de que se pudiera entender la firma que convierte en ley el proyecto 1003 como un logro, considero que como pueblo debemos sentir vergüenza de que haya tenido que la jueza Taylor Swain tratarnos como a niños amenazándonos con que se le estaba agotando la paciencia y abrirnos los ojos sobre las consecuencias de no actuar ya, para que hayan tenido los sectores del gobierno que dejar a un lado las pugnas viciosas y ponerse a trabajar. ¿Sera que no podemos o no sabemos gobernarnos sin intervención externa?

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