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CRÓNICAS

“Mucho cuidado con lo que quieren Walker y Severino…” – Dr. José M. Saldaña

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Por: Dr. José M. Saldaña

Ante el inicio de un proceso de consulta para la presidencia en propiedad de la UPR, surgen en la prensa de hoy, 18 de octubre de 2021, en el Nuevo Día, dos reportajes de lavado de cara a dos funcionarios de la institución (Uroyoán Walker, expresidente, y Carlos Severino, rector), quienes fueron destituidos de sus puestos por la Junta de Gobierno de la institución en julio del 2016, pero fueron encontrados no culpables en una controversial decisión del Juez del Tribunal Superior de San Juan Aldo González, por actos de irregularidades (corrupción) cometidos en el asunto del otorgamiento de las becas presidenciales.

Ahora ambos personajes le achacaron -en los reportajes- la situación de los actos cometidos por ellos a la intromisión política. Según Walker, tanto él como el ex rector del recinto de Río Piedras Carlos Severino Valdez, fueron objeto de un acto de revanchismo político partidista, aunque no identificó a individuos involucrados. Según Severino, en este caso, “(La radicación de cargos) fue la consumación de un proceso de criminalización absurdo. Esto es un asunto administrativo que había sido solucionado favorablemente para nosotros. El fanatismo político llegó a su máxima expresión”.

Desde épocas inmemoriales ha habido intervención política en la UPR. En este caso el problema no es ese, el problema es si los administradores de turno sucumbieron a la intervención política para llevar a cabo acciones indebidas, irregularidades, favoritismo y actos de corrupción. Y aquí, a pesar del fallo controversial del Juez, según se desprende de toda la documentación interna de la Universidad, la realidad es que estos personajes sucumbieron a las presiones políticas desde la Fortaleza ejercidas por Alejandro García Padilla y su hermano Antonio.

La decisión del Juez González fue criticada por la fiscal del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Zulma Fúster, al señalar que: “Lamentablemente, los actos de corrupción que permean en nuestra sociedad ya están prácticamente institucionalizados. Ante situaciones como esta, quedan impunes cosas que evidentemente se hicieron fuera del marco de la ley y para beneficiar unas personas aparentan tener el visto bueno con estas determinaciones. Es algo que —aunque respetamos siempre al tribunal— es algo con lo que no podemos estar de acuerdo”, señaló.

Vamos a ver lo que opinan los amigos lectores luego de una orientación sobre el programa de becas presidenciales en la UPR y los actos  ocurridos  que provocara las acusaciones a Walker y Severino, tras otorgarles estas becas a Carlos Pagán Cuebas, exasistente del expresidente de la UPR, Antonio García Padilla; Mónica Sánchez Sepúlveda, quien es sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez y a Arturo Ríos Escribano, exasesor en asuntos públicos del exgobernador Alejandro García Padilla.

El Programa de Becas Presidenciales se creó para ofrecer asistencia económica a estudiantes para cursar estudios de maestría o doctorado fuera de Puerto Rico. Como condición, el estudiante debía estar disponible para -al completar los estudios- laborar en la UPR en una plaza identificada como de necesidad en el sistema universitario.

Por varios meses, durante principios del año 2016, sectores de la comunidad universitaria manifestaban su indignación por la escandalosa corruptela de la otorgación de becas presidenciales el año anterior (2015) obviando los procesos reglamentarios. Dos de estas becas se otorgaron a notorios personeros: Carlos Pagan, el ex síndico, ayudante y amigo íntimo de quien se cree dueño de la Universidad Antonio (Tony) García Padilla, y al líder huelguista Arturo Ríos Escribano a quien, como premio por liderar la pasada huelga del 2010, se le hizo un nombramiento de asesor legal en la Fortaleza hasta que tuvo que renunciar por líos personales. Y una tercera beca a Mónica Sánchez Sepúlveda, sobrina del presidente de la Junta de Gobierno, Dr. Jorge Sánchez.

A los primeros dos se les pretendía asegurar una plaza docente en la Facultad de Derecho. Esta situación provocó indignación tal que en una reunión ordinaria de dicha Facultad, el 10 de febrero, para que mayoritariamente se le solicitara a Walker que “informe a esta Facultad y a toda la comunidad universitaria el procedimiento que se llevó a cabo por su Oficina para conceder las Becas Presidenciales durante los años académicos 2014 al 2016, incluyendo todos los procesos ·de convocatoria.”

Como resultado de esta situación, la JG se vio presionada a encomendarle a un Comité externo una investigación sobre este asunto. Luego de varias semanas de trabajo, la JG recibió el lunes 27 de junio un detallado informe de 156 páginas sobre el proceso de otorgación de las becas presidenciales en la institución, pero rehusó divulgarlo hasta una fecha futura encomendándole a un sub comité interno análisis y recomendaciones.

No se hicieron esperar las protestas y presiones para que la JG divulgara el contenido del informe pagado con dinero del pueblo, por lo que finalmente el subcomité lo hizo público el jueves 6 de julio. Como consecuencia de hacerse públicos los hallazgos y recomendaciones de dicho informe, ese día se constituyó en un día de vergüenza para la Universidad de Puerto Rico. Por primera vez en su historia, al día siguiente, se destituyó a un presidente de la Universidad, a un rector, a una vicepresidente y decanos por su participación en un esquema de favoritismo, de crasa y escandalosa violación a reglamentos, a normas universitarias y a leyes de PR para la otorgación de becas presidenciales. Esquema que, alegadamente, fue urdido desde la Fortaleza por el expresidente de la UPR Antonio (Tony) García Padilla, hermano del gobernador.

Los tres prestigiosos abogados que integraron el Comité Investigador, licenciados Céspedes, Casillas y Monserrate Penagaricano, rindieron el 27 de junio un contundente informe que concluyó entre otros hallazgos que: Se activó de manera sospechosa el programa de becas presidenciales que desde hacía más de cinco años estaba en una moratoria debido a la crítica situación fiscal por la que atravesaba la institución en ese instante. Sin embargo -ante el peor momento fiscal y presupuestario de la universidad- se asignaron por el presidente Walker $350,000 del presupuesto para otorgar becas presidenciales. Es sospechoso ya que el programa se reactivó para otorgar becas a individuos apadrinados desde la fortaleza por el expresidente de la UPR Antonio García Padilla. Señala el informe además que:

  1. Se otorgaron becas sin activar un proceso de convocatoria que diera oportunidad de participar a todos los posibles candidatos. Solamente se enteró anticipadamente a los candidatos a los que se quería favorecer.
  2. Se otorgaron las becas violando el principio de mérito establecido por ley y normas institucionales.
  3. Se otorgaron las becas en áreas que no tenían ninguna prioridad institucional.
  4. Se otorgaron las becas sin tener las plazas disponibles para cumplir con servirle a la institución luego de completado el grado.
  5. Se otorgaron becas para estudiar en instituciones que no tenían el necesario prestigio y en algunos casos el programa de estudios no estaba debidamente acreditado.
  6. Se otorgó el dinero para las becas de forma anticipada sin que se hubiese debidamente firmado el contrato.

Pese a la determinación del subcomité que investigó el otorgamiento de las becas presidenciales, de que se separara de su cargo a Uroyoán Walker, este señaló que no renunciaría. Pero la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico el 7 de julio lo destituyó de su cargo.

El Comité también recomendó que fueran marginados de sus cargos el rector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino, y el decano de Estudios Generales del mismo campus, Carlos Rodríguez Fraticelli.

Antes de que el comité pidiera que fueran separados de sus cargos renunciaron la vicepresidenta de Asuntos Académicos, Delia Camacho, y a la decana de Asuntos Académicos del recinto de Río Piedras, Palmira Ríos.

El martes 3 de septiembre de 2019, la jueza Ada López Santiago declaró causa para juicio en el caso de las becas presidenciales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con relación a la mayoría de los cargos presentados contra el expresidente y rector de Río Piedras de esa institución, Uroyoán Walker y Carlos Severino, respectivamente.

Dos años más tarde, en el juicio llevado a cabo en el Tribunal Superior de San Juan, según se reseña por la prensa, “el presidente del Comité de Personal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en 2015 -entre otros- catalogó  como “ilegales” los procesos para otorgarle una beca presidencial a Carlos Pagán Cuevas, exasistente del expresidente de la institución universitaria Antonio García Padilla”.

Luis Enrique Rodríguez Rivera, quien ya había participado entre 2009 y 2010 en la evaluación de un candidato para esta subvención, testificó ante el juez Aldo González mencionando durante su testimonio que García Padilla, hermano del exgobernador Alejandro García Padilla, habría presionado a la administración del sistema universitario del país para que le otorgaran una beca presidencial a Pagán Cuevas.

Rodríguez Rivera contó que, tras enterarse de la otorgación de esta beca presidencial, que incluiría una plaza como bibliotecario en la Escuela de Derecho, cuestionó en varias ocasiones a la entonces decana de Asuntos Académicos del Recinto de Río Piedras, Palmira Ríos, por no haber consultado a la facultad.

“El 10 de febrero de 2016, en una reunión de la facultad, en mi informe de Comité, les digo la justificación de la doctora Ríos de por qué se estaba insistiendo en ese proceso. Ella dijo que había muchas presiones de arriba. Al preguntar de quién, porque teníamos que informar a la facultad, ella dijo de una persona poderosa. Finalmente, ella menciona el nombre de Tony (Antonio García Padilla). Le digo que Derecho no va a aceptar eso”, narró el catedrático.

El testigo reiteró en varias ocasiones que no se había seguido “el proceso reglamentario para hacer un nombramiento” y que se había incumplido el reglamento general. Incluso, Rodríguez Rivera aseguró haberle advertido a la decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune Riveraque renunciaría a su cargo si el proceso para otorgarle la plaza a Pagán Cuevas seguía su curso.

“Le comuniqué a la decana que no iba a participar de ese proceso y que si iban a continuar yo iba a renunciar como presidente del Comité… Yo he estado en servicio público y nunca he dejado que me impongan cosas que son ilegales”, expresó.

Aparece una plaza para Derecho

La primera vez que el testigo tuvo conocimiento de la reanudación de las becas presidenciales fue en “los primeros meses” del año académico 2015-2016 cuando un compañero del Senado Académico le cuestionó si conocía que se las habían concedido a dos estudiantes de Derecho: Pagán Cuevas y a Arturo Ríos Escribano, exasesor en asuntos públicos del exgobernador García Padilla. “En esos días le pregunté a la decana si había una plaza o un compromiso para los becados, pero ella dijo que desconocía, que nunca le habían preguntado y que ella no había participado”, rememoró.

Entonces, para la primera semana de noviembre de 2015, fue convocado a un taller en el Centro de Excelencia Académica, citado por Palmira Ríos, sobre capacitación de convocatorias para llenar plazas en la UPR, ya que se avecinaba el año electoral.

“Había unas 25 plazas que el presidente había otorgado al Recinto de Río Piedras, aunque la decana de Derecho me había comentado que no le había tocado ninguna”, testificó.

En esa reunión Ríos fue cuestionada sobre la otorgación de las becas a los dos estudiantes de derecho, pero según Rodríguez Rivera la decana indicó que “ese proceso se trabajó desde Presidencia y ella desconocía”.

Posterior a la reunión, el testigo se reunió con Ríos y ella le habría manifestado que estaba “frustrada por el proceso de las becas presidenciales con Ríos Escribano y Pagán Cuevas por la relación que tenían con el gobernador y el hermano”. Además, le indicaría que las plazas no serían destinadas a la Escuela de Derecho.

Sin embargo, a principios de febrero de 2016, la decana Neptune Rivera le mostró a Rodríguez Rivera una carta de Ríos en la que le concedía una plaza de bibliotecario a la Escuela de Derecho, “que era condicionada a la beca presidencial y solicitaba que se iniciara el proceso de convocatoria”.

Al día siguiente, Neptune Rivera recibiría una segunda misiva en la que eliminaba el proceso de convocatoria.

A pesar de toda la evidencia presentada, dos años más tarde, el juez Tribunal Superior de San Juan, Aldo González, declaró no culpables de toda imputación de delito relacionado al otorgamiento de las becas presidenciales en 2015 tanto a Uroyoán Walker como a Carlos Severino.

Tengo que estar de acuerdo con la fiscal Fuster en que “Lamentablemente, los actos de corrupción que permea en nuestra sociedad ya están prácticamente institucionalizados. Ante situaciones como esta, quedan impunes cosas que evidentemente se hicieron fuera del marco de la ley y para beneficiar unas personas aparentan tener el visto bueno con estas determinaciones. Es algo que —aunque respetamos siempre al tribunal— es algo con lo que no podemos estar de acuerdo”, señaló la fiscal.

A pesar de ese veredicto de absolución por delitos criminales, ambos funcionarios perdieron sus posiciones administrativas y están desacreditados. Pero no debieran estar en la institución sirviendo de mal ejemplo a la juventud a pesar de los aplausos -que para mayor descrédito y vergüenza institucional- les brindaron a las afueras del tribunal un grupo de abogados, profesores de la UPR y allegados a los acusados celebrando el fallo de la corte entonando la versión revolucionaria de La Borinqueña. ¿Será posible que la intervención política con cánticos y manifestaciones separatistas en la UPR es buena cuando es para favorecer a estos personajes?

Ahora con estos artículos de lavado de cara habrá que ver si estos dos personajes pretenden optar por ser candidatos a la presidencia de la institución… ese sería el colmo.

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