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CRÓNICAS

“Empresas Municipales por la libre” – Merlyn Jacet Rivera Zayas

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Por: Merlyn Jacet Rivera Zayas 

Desde hace más de una década las Empresas Municipales fueron creadas en busca del desarrollo económico de los diferentes pueblos de la isla. Este desarrollo llega como producto del empobrecimiento económico que estaban teniendo los municipios. De esta manera, con la creación de las Empresas Municipales, su principal propósito es añadir fuentes de ingreso a las arcas de los municipios. De igual manera, fomentar la empleomanía entre los compueblanos y bajar la tasa de desocupación. Por esto, los diferentes municipios fueron creando sus Empresas Municipales, para de esta manera tener otra fuente de ingreso y competir en el erario privado con estas corporaciones públicas. En algunos municipios la creación de estas corporaciones es exitosas, en otros pueblos es un fracaso. Desde entonces, la manera en que han sido auditadas las finanzas de estas empresas ha sido cuestionables. En su principio, quien rige la empresa son los ejecutivos municipales, mediante una junta en el cual sus miembros son de confianza del alcalde. Para ser claros, estamos hablando que no se mueve nada, sin la autorización o el visto bueno del ejecutivo.

Asimismo, toda empresa para ser creada debe tener la aprobación de la Legislatura Municipal. En este caso, si la mayoría de los miembros de la Legislatura Municipal son electos del mismo partido político que el ejecutivo, estas corporaciones no tienen oposición por menos viables que sean. Antes de aprobarse, deben pasar por un escrutinio de viabilidad y que realmente haya evidencia que son competencia dentro de su mercado y que pueden generar los ingresos establecidos. A pesar del escrutinio implementado para su creación, muchas de estas en su arranque no son viables y muchas empresas municipales terminan subsidiando una a las otras.

Recientemente, salió a reducir el arresto de varias personas por fraude a la Empresa Municipal Mayagüez Economic Development (MEDI). La fiscalización del funcionamiento de estas empresas es pobre. De tal manera, que la Oficina del Contralor, quien no tiene la facultad de auditar, ha señalado que los auditores internos de los municipios, en ocasiones no auditan las empresas municipales, teniendo el efecto, de que andan por la libre. En octubre de 2018 el Proyecto del Senado 364 facultaba a la Oficina del Contralor auditar los ingresos privados de estas corporaciones. No obstante, a pesar de estar aprobado en el Senado, este Proyecto solo se leyó en la Cámara de Representantes. De esta manera, la Contraloría en la antigua Ley 81 de Municipios Autónomos solo podía auditar el financiamiento de fondos públicos para la creación de la corporación. Por ende, debido a que estas corporaciones sus ingresos son privados, estos no se auditan a pesar de ser una corporación perteneciente a un ente municipal. Es meritorio señalar que los ingresos de estas corporaciones pasan de ser privados a públicos porque son parte del ingreso que recibe el ayuntamiento.

Por tanto, un ejecutivo decir que no conoce cómo van los ingresos de sus arcas en las empresas municipales es mentirles descaradamente a sus constituyentes. La junta de las Empresas Municipales debe reunirse y de cada reunión se suscribe un acta de lo allí discutido, quien no lo haga le falta al reglamento. El objetivo de estas corporaciones no debe empañarse ante la falta de ciudadanos que buscan enriquecerse del erario público porque al final esta empresa no deja de ser un ente gubernativo. La fiscalización de los ingresos municipales debe ser reglamentada, de hecho, en la ley 107 del Código Municipal exime a la Oficina del Contralor sobre realizar auditorías ante la creación de Corporaciones Especiales. Es decir, las empresas municipales no tienen una fiscalización sobre lo que allí ocurre, sin embargo, sus miembros pueden ser interpelados por la Legislatura Municipal.

De esta forma, en la búsqueda de una sana administración de los fondos municipales es loable tener mediante ley una garantía de que los ingresos de las corporaciones sean auditados y sus constituyentes tengan conocimiento de lo que allí ocurre. Es lamentable, que muchos ejecutivos municipales no opten por una transparencia administrativa que redundaría en una confianza plena de sus electores, pero es que para algunos políticos significa más riesgos que ganancia. Los tiempos han cambiado y se demanda más accesibilidad a la información y menos decisiones a oscuras. En fin, la Asamblea Legislativa debe garantizar mediante ley más fiscalización y transparencia financiera de las Corporaciones Especiales.

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