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CRÓNICAS

CARTA DEL DR. JOSÉ M. SALDAÑA ENVIADA AL GOBERNADOR DE PUERTO RICO

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Por: Dr. José M. Saldaña

26 de febrero de 2021

Estimado Señor Gobernador Pedro Pierluisi:

Me dirijo a usted como persona que ha estado ligada a la Universidad de Puerto Rico desde los 13 años cursando el noveno grado en la Escuela Superior de dicha institución (UHS). Además de haber cursado todos mis estudios profesionales en dicha institución, he sido el único presidente en haber ocupado todas las posiciones de liderato institucional desde Profesor, Director de Departamento, Decano de Facultad, Rector y Presidente. Señalo esto porque me considero conocedor de le institución desde todos sus niveles.

La Universidad de Puerto Rico, al igual que otras instituciones políticas y de gobierno del país, desde hace tiempo se han convertido en rehén de una minoría de extrema izquierda ruidosa, agresiva y osada que hábilmente ha ido adentrándose y copando las estructuras de poder hasta hacer las instituciones ingobernables. Esto ha sido así en gran medida debido a la alternancia del poder político entre los dos partidos principales que durante las pasadas seis décadas nos han gobernado. Ambos partidos han llegado al poder -las más de las veces- con pequeñas mayorías y con el poder legislativo y ejecutivo dividido. Es decir, han gobernado en condiciones de precariedad. Esto ha hecho posible que gobernantes y políticos populistas -más pendientes de contar votos y de candidaturas que de gobernar- hayan cedido poderes que no le corresponden, a aquellos que más gritan y más presión ejercen.

En el caso de la UPR, por décadas, las distintas administraciones de ésta han ido cediendo sus poderes a organismos oficiales y a grupos extraoficiales de la institución. A pesar de que existen en ley mecanismos de participación de estudiantes, de docentes y no docentes en la discusión y toma de decisiones en los distintos niveles y foros académicos, a estos grupos se les ha ido concediendo -de facto- paulatinamente prácticas y derechos que no estaban contemplados en las leyes del país tales como: la negociación colectiva, representación estudiantil, el derecho a la huelga y la política de no confrontación. Todo ello disfrazado o justificado como medidas demostrativas del gran carácter de justicia social y apego por principios democráticos, cuando la realidad es que han sido cedidas por temor de los administradores de turno de la universidad y del país a las repercusiones de la agitación universitaria por elementos de la izquierda en los procesos políticos eleccionarios.

El pueblo de Puerto Rico por medio de sus gobernantes tiene que tomar la decisión de si quiere que su universidad -institución del Estado- sufragada por este en alrededor de un 75 % de su presupuesto responda a los intereses del país o si desea una universidad que responda a los intereses particulares de algunos de los grupos que la componen. Intereses -estos últimos- que, en la mayor parte de las veces, van opuestos a los del país.

Con la propuesta reforma, sometida por la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria, un grupo de trabajo con supuesta representación de las distintas unidades y sectores de la comunidad de la Universidad de Puerto Rico- logró que un grupo de senadores, encabezados por el Senador Vargas Vidot, sometieran recientemente el proyecto del Senado #172 que derogaría la ley de la Universidad de 1962 para crear una nueva estructura de administración y gobernanza que eliminaría la actual Junta de Gobierno y la sustituiría por un Consejo Universitario compuesto por 13 miembros representantes, mayoritariamente, de los estudiantes y del claustro. Este proyecto, en lo que constituye un claro conflicto de intereses, donde los estudiantes y profesores serian juez y parte de las decisiones laborales, administrativas y docentes, le transferiría a la Junta Universitaria y a los Senados Académicos poderes que actualmente tiene la Junta de Gobierno -cuerpo que representa los intereses del pueblo que la auspicia- como aprobar el presupuesto institucional, evaluar nombramientos de funcionarios de la Administración Central y aprobar el reglamento general.

Una lectura cuidadosa del proyecto nos lleva a concluir que, con una narrativa, un lenguaje de talante democrático y apariencia buenista, el proyecto pretende el apoderamiento de la universidad del estado -subvencionada por este- para instituir el cogobierno por parte del estudiando y el claustro convirtiendo así la UPR en una típica universidad retrograda Latinoamericana de las que aún existen en el continente. Esto ha sido históricamente evitado por incesantes luchas desde la presidencia de Don Jaime Benítez.

Para nuestro desarrollo económico y social, se requiere la implantación de un modelo económico con el conocimiento como su eje central.

Para ello es esencial el papel protagónico de nuestras universidades, particularmente la universidad del Estado.

Desafortunadamente, la institución universitaria que debía ser la líder en esta tarea, la Universidad de Puerto Rico, anda por rumbos diferentes. La UPR en lugar de propiciar, fomentar y adelantar el modelo norteamericano de “Competitive Research University”, con sus políticas institucionales no escritas y con las acciones de sus dirigentes, anda por el camino contrario que la está llevando rápidamente a convertirse  de facto en una típica decadente universidad nacional latinoamericana.

Ese proceso de latino americanización de la UPR lleva décadas gestándose solapadamente. En esta transformación han jugado un papel preponderante las organizaciones sindicales de personal no docente, los grupos estudiantiles de la extrema izquierda socialista antiamericana, con sus tontos útiles, y las organizaciones sindicales de profesores. Todo lo anterior ante la indolencia irresponsable de algunas administraciones universitarias que lo han permitido. A estos grupos los une el deseo de imponer en nuestra universidad el cogobierno universitario. Pero hay un elemento adicional que mueve a la mayor parte de los profesores agrupados en las organizaciones sindicales: el resentimiento del estatus y reconocimiento que han alcanzado los profesores que son exitosos en la investigación. Por muchos de ellos no poder o no estar cualificados para llevar a cabo investigación competitiva, se agrupan en estas organizaciones sindicales y proponen como opción adelantar el modelo tradicional de la decadente universidad nacional latinoamericana limitada a la enseñanza.

Ese modelo de universidad latinoamericana se creó básicamente como rechazo a la herencia colonial Ibérica, con el fin de propiciar el desarrollo de los estados modernos nacionales independizados. Las nuevas universidades así creadas fueron todas totalmente auspiciadas económicamente por el Estado y gobernadas por éste con la misión de entrenar profesionales y empleados del servicio civil en cuyas manos descansaría el construir las nuevas republicas. Este modelo se conoció como el modelo Napoleónico.

En 1918, con la llamada reforma de Córdoba (Argentina), se consiguió un alto grado de autonomía del control gubernamental y político de las universidades que, hasta entonces, eran percibidas como torres de marfil desvinculadas de los problemas de la sociedad y de la modernidad. Con esta reforma de Córdoba la Universidad Latinoamericana evolucionó hacia un modelo caracterizado por:

  1. Gobierno “democrático” o cogobierno por estudiantes, profesores y exalumnos. El poder residiendo, mayormente, en la facultad y estudiantes y no en la administración central.
  2. Los cuadros directivos de la institución se establecen mediante votación en elecciones donde participan en igualdad de condiciones estudiantes, facultad y exalumnos.
  3. La mayor parte de la facultad es a tiempo parcial.
  4. La orientación de la misión de la universidad es, mayormente, hacia la solución de los problemas sociales, económicos y políticos del país. Se considera que la universidad tiene un papel principal en el objetivo político de transformación de la sociedad.
  5. Llevar la universidad a las masas trabajadoras (democratización del acceso) mediante matricula gratis para todos. 
  6. Autonomía de la intervención del Estado y libertad académica. El Estado solo la subsidiaría económicamente en su totalidad, pero no intervendría en la política académica docente.

Este modelo tuvo su punto máximo de desarrollo e influencia en las décadas de los años 60-70. De ahí en adelante, comenzó a declinar como consecuencia de la masificación y crecimiento desarticulado de la educación universitaria, deterioro en la calidad de la enseñanza y debido al alto grado de politización.

En un ambiente de limitación de recursos estas universidades han tenido que alinear sus objetivos y políticas con las del apoyo al desarrollo económico y competitividad, descartando sustancialmente el discurso dominante de transformación social característico de sus orígenes. 

La estrecha relación exitosa de interdependencia entre el desarrollo científico, económico y la universidad norteamericana de investigación con su modelo administrativo -que las ha convertido en las líderes mundiales en la educación superior- ha hecho que gran número de universidades latinoamericanas progresistas hayan descartado, o estén descartando el modelo tradicional limitado a la enseñanza y hayan comenzado a adoptar el modelo de universidad norteamericana.

Tradicionalmente las universidades -mayoritariamente- han sido enclaves y semilleros de docentes que profesan las ideologías de la izquierda, particularmente de la extrema izquierda. Esto tiene su origen en la visión que de la educación superior se tiene por algunos sectores. Estos entienden que es la función principal de ésta, cuestionar toda la autoridad bajo el manto de que ese es el ejercicio del hombre con pensamiento crítico al que se debe aspirar a formar.  Esta visión atrae al claustro a personalidades rebeldes que están en contra de la autoridad y del sistema que la ostenta, sea éste el que sea.

Desde un principio en la Universidad de Puerto Rico ha existido un grupo sustancial del profesorado que son activistas de tendencia política de izquierda, particularmente en las facultades de Ciencias Sociales, Estudios Generales y de Humanidades. Este grupo promueve y manifiesta una gran preocupación por los mismos asuntos que en las demás universidades, pero en nuestro entorno toma gran prominencia el tema de la independencia del país, el nacionalismo y el socialismo. Lo que más claramente define a esta subcultura es el compromiso con la idea de que es urgentemente necesario un cambio político que tiene que lograrse solamente por un proceso revolucionario.

La mayoría de estos claustrales se han abrazado a la corriente posmodernista de relativismo moral. Para ellos no hay valores morales ni verdad absoluta. No hay bien o mal, verdad o mentira.

Muy significativo es el hecho de que cuando hay administraciones universitarias que pueden considerarse débiles, estos elementos proliferan y ganan acceso a la alta jerarquía institucional obteniendo considerable poder para transmitir sus idearios.

Todo esto existe con el aval implícito de la “mayoría académica silenciosa” que, a pesar de que se distancia de esas posturas de izquierda radical, en un ejercicio de tolerancia (la tolerancia que estos grupos radicales no demuestran hacia los que difieren de sus posturas) las acepta a pesar de reconocer que en muchas ocasiones estos grupos se exceden en sus reclamos y de coincidir en que sus métodos de protestar no son los más adecuados.

A estos grupos socialistas revolucionarios, les mueve el interés de crear un clima de inestabilidad en la UPR para adelantar sus agendas ideológicas. Con este objetivo ayudan y apoyan a las uniones y otras organizaciones en el objetivo de catalizar la tan invocada huelga general, así como a reclamar y exigir beneficios incompatibles con la actual situación fiscal deficitaria de la Universidad y del Estado.

El modelo de universidad Latinoamericana -con matrícula gratis y cogobierno- es uno de los asuntos medulares que mueve a un gran número de la facultad y estudiantado a protestar y promover los conflictos con la administración universitaria, los paros y huelgas ya que ese modelo les permite adelantar sus ideologías y causas.

El pueblo de Puerto Rico, por medio de sus gobernantes, tiene que tomar la decisión de si quiere que su universidad responda a los intereses del país, o si desea una universidad que responda a los intereses particulares de algunos de los grupos que la componen. Intereses -estos últimos- que en la mayor parte de las veces van opuestos a los del país. Interese que van orientados a constituir la institución en un ente desestabilizador efectivo contra el gobierno. Una cabeza de playa para la independencia y el socialismo.

Señor gobernador usted ha expresado que si está en juego la acreditación de la UPR por la Middle States Council on Higher Education (MSCHE), usted se opondría al proyecto S172. El problema es que esa asociación no tiene como política emitir opinión sobre asuntos que puedan afectar la acreditación, que estén en discusión sin que estos se hayan constituido en problema institucional para la acreditación. Es decir que la probabilidad es que no se expresen sobre si este proyecto de convertirse en ley afecte prospectivamente la acreditación por parte de ellos. Ese sería uno de los riesgos de convertirse este proyecto en ley.

La Universidad de Puerto Rico latino americanizada no puede ser líder en el desarrollo del modelo de la economía del conocimiento. Hay que rechazar el proyecto #172 y si la legislatura por puras consideraciones politiqueras e ideológicas llegara a aprobarlo, señor gobernador, usted lo debe vetar por el bien de la Universidad y de Puerto Rico.

Cordialmente,

José M. Saldaña DMD, MPH, expresidente de la Universidad de Puerto Rico

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