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CRÓNICAS

“Tres discrepancias con el gobernador…” – Dr. José M. Saldaña

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Por: Dr. José M. Saldaña

El gobernador Pedro Pierluisi presentó un presupuesto al Fondo General para el año fiscal 2021-2022 de $10,712.5 millones, que supone un incremento de 6.6 % respecto al año pasado; $667.3 millones más. El presupuesto propuesto excede en $698.5 millones, lo que había recomendado la Junta de Control Fiscal. La Junta había recomendado un presupuesto de $10,014 millones.

Desafortunadamente tengo que emitir algunos comentarios que difieren de la determinación presupuestaria del gobernador, gobernador por quien voté y a quien apoyo. Pero ese apoyo no significa el que cuando se tengan diferencias se callen y no se expresen, pues así no se contribuye a subsanarlas y a todos mejorar.

Entiendo que ante la actual situación política el gobernador trate de buscar lograr consensos entre las distintas facciones de la oposición, pero hay que tener cuidado de que no se ceda en lo fundamental e ideológico.

En primer lugar: Tengo que cuestionar la asignación de $94 millones a la UPR sin que haya evidencia de que la institución haya hecho economías y esfuerzos sustantivos efectivos por conseguir recursos externos sustanciales.

En las vistas de transición por lo que aparece en la prensa, el actual presidente, Dr. Jorge Haddock, lo que hizo fue quejarse de los recortes de recursos actuales y programados para la institución y solicitarle más dinero al gobierno.

Una de las instituciones que se ha beneficiado del gobierno grande, paternalista, creado en la década de los 50 por el PPD, fue la Universidad de Puerto Rico. Esta desarrolló una dependencia patológica a funcionar casi exclusivamente con fondos del estado benefactor. Más del 70 % de los ingresos actuales de la institución son fondos del estado, mientras que en las universidades de los estados de la unión el promedio de esos fondos es de 20 – 30 %. Hoy, ante la quiebra del estado y habiendo crecido exponencialmente a base de endeudarse y sin haber desarrollado una cultura de búsqueda sustancial de fondos privados, la institución enfrenta una crisis que habrá de requerir cambios fundamentales. Cambios que muchos en la institución no quieren reconocer y desgraciadamente la actual administración rehúsa implantar.

Hasta hace dos años, los ingresos de la UPR surgían de tres fuentes principales. La fórmula presupuestaria que le asigna alrededor de 70 % del Fondo General. Otro 24 % proviene de subvenciones del gobierno y contratos, un 4 % proviene de ingresos de matrícula y apenas 1 % proviene de otros ingresos.

En contraste, en las universidades públicas en Estados Unidos el 27 % de sus ingresos proviene de fondos estatales, el 18 % de sus ingresos surgen de los recaudos de matrícula; un 8 % proviene de donaciones. Mientras, el restante 43 % proviene de subvenciones del gobierno por servicios y contratos, otro 23 % proviene de ingresos de filantropía.

En una isla de 100 por 35 millas, donde la mayor parte de los recintos se encuentran a de 15 a 20 minutos unos de los otros, no se justifica la actual duplicidad de 11 recintos con sus correspondientes estructuras físicas y administrativas. La opción de integrar administrativamente algunas de estas unidades, no creo que rinda los beneficios anticipados por lo que considero será necesario la eliminación de algunas de ellas, posiblemente 3. Un ejemplo crítico de esta situación es el Recinto de Utuado que tiene una matrícula de 831 estudiantes (subgraduados) y un presupuesto de (2018–19) de $15,929,000 a un costo de $19,168 por estudiante. Para este año, las admisiones fueron menos de 250 estudiantes con un presupuesto 2020 de $17,683,000. El Recinto de Utuado está a 18 minutos del de Arecibo, pero políticamente eliminar recintos y programas, aunque ya no tengan la pertinencia de cuando se crearon, no es agradable.

 Sabemos que en la UPR existe además gran indiferencia, ineficiencia y desperdicio de recursos no solo fiscales, físicos y humanos, sino que también hay una gran cantidad de programas que no se han actualizado en mucho tiempo, que no tienen la pertinencia que tuvieron en el momento en que se crearon, pero aun así persisten. Existen además programas duplicados en los distintos recintos, con poca o ninguna demanda por parte de estudiantes que perciben que estos no tienen relevancia para el mundo en que deberán integrarse al graduarse. Esto ha sido plasmado en informes que tiene desde hace varios años la administración central (presidencia) en su poder sin haberse hecho nada al respecto.

Esa universidad resistente al cambio, con una habitual dependencia patológica por cada vez más dinero del estado, tiene que ser reformada de arriba abajo. Pero esa reforma no puede llevarse a cabo por los responsables de la actual situación que viven felices en ella y de ella

En segundo lugar: El Senado aprobó el jueves la resolución número 71, de la autoría de la senadora Migdalia González, para expresar el apoyo de ese cuerpo legislativo a la iniciativa de celebrar los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 2022, en la ciudad de Mayagüez, y el gobernador Pierluisi asignaron $50 millones para la celebración de dichos Juegos.

Ante un cuadro de pobreza y la quiebra per cápita más grande del mundo, cuando no se sabía si habría dinero para pagar el bono de Navidad, cuando los sistemas de retiro están insolventes y no se sabe si habrá dinero para pagar las pensiones, cuando aún no hemos salido  de los resultados nefastos de los huracanes y terremotos y estamos sumidos en una pandemia con un virus mortal cuyo final no es anticipable -por mencionar solo algunas de las calamidades prevalecientes –al Comité Olímpico de Puerto Rico se les ocurre proponer la sede de la isla PR para celebrar los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el Gobernador le asigna $50 millones

Para esta celebración, el Copur pretende que un gobierno en quiebra como el actual se comprometa inicialmente a invertir $70 millones de fondos públicos para esos juegos. Aquí hay un sin fin de prioridades que requieren atención inmediata, antes de siquiera considerara esa inversión. Además, ya es hora de que ese Comité Olímpico (Copur) busque para su operación una mayor cantidad de fondos de la empresa privada y de la ciudadanía deportista.

Allá, para el año 2013, mediante Resolución Conjunta 182, firmada bajo la administración de Alejandro García Padilla, se estableció que  el presupuesto anual de ese organismo deportivo recibiría $8 millones de dólares del gobierno para operar durante el año natural, de enero a diciembre. Esa acción de carácter nacionalistoide por parte de AGP ocurrió en un momento en que la isla -por su culpa- perdía el crédito con aquel nefasto e irresponsable “Me Vale” y nos declarábamos en la quiebra per cápita más grande del mundo. Todo lo cual entre muchas otras irresponsabilidades dio motivo a que el Congreso legislara PROMESA.

Según los estados financieros del Copur, el 65 % de su presupuesto proviene del Gobierno y el restante 35 % de patrocinadores privados. Pues ya es hora de que esa situación se revierta y el 65 % de presupuesto provenga de patrocinadores privados, o mejor aún, que la totalidad del presupuesto provenga del sector privado como ocurre en muchos países.


Es hora ya de que el pueblo de Puerto Rico comience a darse cuenta de que esencialmente estamos viviendo de los fondos que, para sacarnos de la crisis causada por los desastres naturales, el gobierno de los Estados Unidos nos ha estado enviando. Nuestras prioridades deben ser unas cónsonas con esta realidad actual.


No se ceda a presiones de grupos que además de los objetivos organizacionales tienen otros ideológicos.

No permitamos seguir jugando a la república con dinero de los contribuyentes.

Si se quieren los juegos y es tan bueno el rendimiento como se alega, búsquese que el sector privado sea el que invierta.

En tercer lugar: el gobernador cedió a las presiones de los grupos feministas radicales que llevan tiempo abogando activa y vociferantemente porque el gobierno emitiera una declaración de emergencia en contra del crimen contra la mujer (feminicidios). Con la ayuda de una prensa separatista y socialista le han puesto grandes presiones a la entrante administración para lograr ese objetivo que es parte de la estrategia para la implantación de la ideología marxista de género. Y el gobernador cedió a la presión separando un fondo especial de $6 millones para hacerle frente a la emergencia por violencia de género.

Estoy a favor del feminismo de la democracia liberal, de la moral donde se defiende la igualdad de derechos de todos, hombres y mujeres. Igualdad ante la ley, igualdad en el trato, igualdad de salario por el mismo trabajo, en contra del maltrato a la mujer, a todos los seres humanos y a los animales. Pero estoy en contra del feminismo que pone al hombre y a la mujer en lucha, la mujer como víctima y el hombre como victimario. El hombre es el blanco del odio y desprecio, razón por la cual el lesbianismo abunda en los movimientos feministas.

Ese es el feminismo neomarxista de la lucha de clases en su cruzada contra la sociedad capitalista que ahora se presenta utilizando una narrativa de gran atractivo para la juventud, con una verborrea de apariencia democrática de la protección a la igualdad de género, al feminismo, de loas a la igualdad, a la transparencia, a la protección del ambiente, de anticorrupción, etcétera, con el que se pretende influir y mover a los jóvenes en la dirección de sus causas de extrema izquierda. No se llama nadie a engaño ese es ahora el discurso neo marxista que hábilmente ha sustituido el anterior discurso belicoso marxista. No podemos dejarnos engañar por ese nuevo discurso de apariencia buena y democrática ni por los que lo pronuncian. 

Vi con agrado y satisfacción el que las recién electas (mujeres) por el nuevo partido Proyecto Dignidad, senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos Muñiz, se opusieron a una declaración de emergencia por la violencia de género en contra de las mujeres y solicitaron al gobernador Pedro Pierluisi para que la declaración de emergencia incluya a todos los sectores. Señalaron que a la luz de la violencia generalizada en Puerto Rico, ” el estado de emergencia debe aplicar a los múltiples rostros de las víctimas de violencia”, manifestó Rodríguez Veve. Estos rostros, dijo, incluyen mujeres, hombres, niños y ancianos. Yo añado a los animales.

Las legisladoras electas citan las siguientes estadísticas en las cuales, entre otros asuntos basan su opinión: hasta el mes de septiembre pasado informan sobre 29 asesinatos de mujeres mayores de edad; 333 asesinatos de hombres mayores de edad. Además, se habían reportado 4,542 querellas por violencia doméstica; más de 6,000 referidos de maltrato a adultos mayores; y más de 1,367 referidos de maltrato de menores desde que comenzó la pandemia.


Por otra parte, ambas legisladoras le expusieron al gobernador Pierluisi su oposición a que permita que se utilice el gobierno para adelantar las agendas ideológicas de grupos -particularmente de la izquierda comunista- entre los que destacan organizaciones feministas de género. “Estaremos atentos a cómo atenderá los planteamientos y si su Gobierno optará o no optará por asociarse con estos grupos radicales para adoptar sus agendas ideológicas”, expuso la abogada. 

Coincido con las legisladoras y considero que ha sido un error haber emitido esta declaración de emergencia contra los feminicidios. En su lugar se debió haber emitido una declaración de emergencia contra toda la criminalidad asociada al tráfico de drogas y a nocivos patrones culturales que atentan contra los sectores más vulnerables de nuestra población. ¡Ya veremos a dónde nos lleva esta declaración y el currículo de la llamada perspectiva de género! Estaremos muy atentos.

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