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CRÓNICAS

“De ‘prisioneros’ políticos” – Rodney A. Ríos Rodríguez

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Por: Rodney A. Ríos Rodríguez

De tiempo en tiempo reaviva en la discusión política puertorriqueña el debate sobre si ciertos creyentes en la independencia que fueron encarcelados son “prisioneros políticos”. Normalmente, esta visión de ver cualquier preso que usó violencia para imponer la independencia a Puerto Rico como “preso político” es repetida y difundida por la prensa y la cultura popular ciegamente. Rara vez, si alguna, se sientan a reflexionar sobre qué implica un prisionero político; y si en nuestro contexto aplica esta distinción. Primero debemos establecer claramente que en Puerto Rico hubo discrimen institucional mediante el gobierno frente a independentistas. Desde la Mordaza hasta el carpeteo, donde personas fueron discriminadas sencillamente por sus creencias políticas. Sin embargo, debemos dejar a un lado este episodio — por falta de espacio — para enfocarnos en el fenómeno de los llamados prisioneros políticos.

Se ha definido un prisionero político de la siguiente forma: “Se conoce como preso político a quien está confinado en una cárcel por la expresión de sus ideas políticas.” Es decir, lo determinante es que un preso político esté encarcelado por el mero hecho de expresar sus ideas políticas. A manera de ejemplo lo serían Leopoldo López o Vladimir Kara-Murza, presos políticos y disidentes respectivamente de Venezuela y de Rusia. Ambas figuras fueron atacadas, apresadas y víctimas de intentos de asesinato por parte de aquellos regímenes por el mero hecho de ser una oposición política. Por ende, una manera de entender si una figura es o no un prisionero político es mediante la observación en cuanto a si el régimen que proclaman combatir es legítimo o no. Esto a su vez nos lleva a la pregunta, ¿qué hace a un régimen legítimo? Siendo esto una pregunta complicada, por el momento solo podemos apreciar la respuesta democrática: Un régimen legítimo es aquel que descansa en el consentimiento de los gobernados; protege derechos fundamentales y es abierto al cambio.

Estos son criterios objetivos para analizar si un régimen es válido o no. Unas buenas preguntas para el caso puertorriqueño entonces serían: ¿Puerto Rico cumple con esos requisitos de legitimidad? ¿Los arrestos a nuestros “prisioneros políticos” son solo por sus opiniones, o hay algo más? Partimos del hecho de que la existencia de la unión permanente entre Puerto Rico y EE. UU. está basada en el consentimiento. Para 1952 el electorado puertorriqueño ejerció su soberanía para aceptar autonomía territorial; posteriormente en cada plebiscito ha triunfado el ELA y desde el 2012, la estadidad. Por otro lado, existe pluralidad de ideas políticas — como demuestra la composición de la nueva Legislatura — en las cuales los legisladores no se van arrestados solamente por ser, por ejemplo, independentistas. El mero hecho de que las senadoras Joanne Rodríguez Veve y María de Lourdes Santiago sean electas a puestos legislativos y puedan impulsar sus iniciativas debe decir algo de la legitimidad y liberalismo de la democracia puertorriqueña.

Sin embargo, el sector del independentismo radical nunca ha podido aceptar que el pueblo puertorriqueño es libre y consiente a su unión, por lo que se negaban incluso a reconocer el consentimiento de los gobernados ya que luchaban contra el “colonialismo”. Esto en parte llevó a la radicalización de una parte del separatismo y movimientos violentos como el Partido Nacionalista o las Fuerzas Armadas de la Liberación Nacional (FALN). Ahora bien, nótese que Pedro Albizu Campos no fue arrestado hasta que recurrió a la violencia; Oscar López y todos los de su estirpe fueron arrestados y procesados después de la comisión de delitos y mediante un debido proceso de ley. Es decir, su arresto y procesamiento fue resultado del uso de la violencia y delitos, no por solo ser independentistas ni de forma arbitraria.

Contrástese por su parte con Gilberto Concepción de Gracia – fundador del PIP – quien acudió a las urnas y no a la violencia, con el resultado de que su partido y legado existen hoy en día. Resultados muy distintos, producto de estrategias distintas. Una vez se dijo que la diferencia entre un terrorista y un libertador era el apoyo (o consentimiento) de su pueblo. Si nunca han tenido el apoyo del pueblo, ¿por qué la FALN o los Macheteros son prisioneros políticos? Bajo ese estándar laxo de la prensa e intelligentsia de que todo el que se auto proclama guerrillero de la libertad y revolución está en lo acertado, entonces la turba que tomó el Congreso el pasado 6 de enero luchando para un segundo término de Trump mediante la violencia e intimidación son todos, desde su detención por el FBI, prisioneros políticos. 

En fin, Puerto Rico es un sistema democrático legítimo. Siguiendo la lógica expresada por la Corte Suprema federal en Schneiderman v. United States, en las sociedades democráticas se debe permitir abogar por cualquier cambio político, mientras se sigan las normas constitucionales y legales establecidas — a lo cual se debe añadir que se deben cumplir con los requisitos de legitimidad por parte del sistema en cuestión.  Bajo ese estándar, podemos distinguir claramente que es un preso político y que no es. Este estándar es la diferencia entre un sistema legítimo y uno ilegítimo; la diferencia entre prisioneros políticos y meros criminales. Es, en síntesis, la diferencia entre el PIP y la FALN.

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