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CRÓNICAS

“La Educación vs el COVID-19: Los retos que encara nuestro sistema de instrucción pública” – Lcdo. Daniel S. Russe Ramírez

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Por: Lcdo. Daniel S. Russe Ramírez

La Educación en Puerto Rico enfrenta los retos más grandes en la historia moderna de la Isla. Esto nos afecta a todos en la medida que las futuras generaciones necesitan estar mejor preparadas y desarrolladas para poder insertarnos, de manera real y pertinente, en la economía global. El Sistema de Educación Pública ha sufrido grandes golpes en los pasados 4 años. Eventos nóveles para las generaciones que vivimos en el país – como lo han sido dos huracanes, sismos y una pandemia – han trastocado la vida de nuestros estudiantes. No podemos olvidar el azote de los huracanes Irma y María que afectaron física y emocionalmente a toda la población, perdiendo nuestros estudiantes en las áreas urbanas un (1) semestre de clases y hasta casi dos (2) semestres en la ruralía. Destacamos que, a pesar de haberse reabierto esas escuelas, muchas de estas fueron utilizadas como centros comunitarios por lo que transcurrieron algunas semanas antes que se pudiese comenzar a dar clases.  Incluso, cuando lo hicieron tuvieron que ofrecerlas de manera irregular ya que, no contaban con los servicios de energía y agua. En aquel momento, el Departamento de Educación desconocía cuántas escuelas contaban con generadores eléctricos y cisternas o si estaban funcionales.

En el 2018 se aprobó la Reforma Educativa (Ley Núm. 85-2018), una necesaria actualización a la Ley Orgánica que venía desde el 1999. La Reforma tenía varios objetivos ambiciosos, pero loables: reenfocar la agencia para que realmente tuviera al estudiante como su centro y razón de ser; descentralizar la agencia creando oficinas regionales que, eventualmente, funcionarían de manera independiente y manejarían el presupuesto de forma directa con el Gobierno Federal convirtiendo el sistema educativo en uno más ágil, pertinente y efectivo; destinar el 70% del presupuesto a la enseñanza en el salón de clases; y acercar la agencia a las comunidades y fomentar la participación de los padres en la gestión educativa de sus hijos.

Si bien la aprobación de esta ley comenzó los cambios administrativos y gerenciales necesarios para reenfocar las prioridades en la agencia, dicho proceso fue, prácticamente, detenido en su totalidad por la abrupta renuncia de la titular de la agencia, Julia Keleher, y los cargos que, posteriormente, el Gobierno Federal radicase contra esta. La salida de la exsecretaria removió el moméntum de la transformación del sistema y la voluntad para el cambio. Para exacerbar esta situación, el escándalo por el caso federal llevó al Gobierno Federal a poner en sindicatura a la agencia, poniendo una capa adicional de burocracia sobre el Departamento y dilatando el flujo de fondos para la educación.

Posteriormente, y mientras el Departamento estaba en el proceso de identificar un síndico, los pueblos del sur sufrieron la conocida secuencia de sismos que comenzaron a finales de 2019 y se extendieron hasta principios del 2020. Hoy en día sigo agradeciendo a Dios que el terremoto más fuerte ocurrió a poco menos de una semana de que los estudiantes comenzasen su segundo semestre. Los terremotos causaron daños mayores a la infraestructura del sur de la isla, incluyendo las escuelas. Esto ocasionó que los estudiantes de la región perdiesen meses de clases e, increíblemente, al día de hoy, aun no se han podido reparar las escuelas afectadas.

Pero nada de esto pudo haber afectado más la educación de nuestros estudiantes que la pandemia de COVID-19 que batalla no solo Puerto Rico, sino el mundo. La pandemia y los cierres que vinieron con ella causaron, básicamente, la pérdida del segundo semestre del año escolar 2019-2020. A pesar de que los estudiantes y maestros trataban de remediar a distancia mediante trabajos asignados, la agencia determinó pasar de grado a todos los estudiantes, independientemente del nivel de cumplimiento con sus respectivas tareas y asignaciones. Me consta, de primera mano, que la determinación fue un golpe a la moral de muchos maestros. Sin embargo, puedo entender las razones para la decisión y, además, ver los problemas potenciales que hubiese traído lo contrario. Para el primer semestre del año escolar 2020-2021, el Departamento se propuso entregar computadoras a los maestros y estudiantes para hacer posible que estos tomasen sus clases de forma remota. No obstante, demandas de compañías que no fueron seleccionadas para suplir los dispositivos dilataron la compra de estos lo que a su vez atrasó su entrega a los estudiantes y maestros. Esto, junto a problemas tecnológicos y de capacidad de banda afectó la cantidad de horas lectivas que recibieron los estudiantes el pasado semestre como también la calidad de la educación recibida.

Ahora, y ante una nueva administración de Gobierno, el Departamento tiene la gigantesca tarea de comenzar las clases de manera presencial y sí: es necesario retomar las clases presenciales en nuestras escuelas. La Asociación Americana de Pediatría (AAP), la Federación Americana de Maestros (ATF) y la Asociación Nacional de Educación (NEA) se han expresado a favor del inicio de clases presenciales, reconociendo que los estudiantes aprenden mejor de esta forma. Y es aquí donde la educación en Puerto Rico encuentra su mayor reto. La vuelta a clases trae consigo una serie de problemas logísticos que pueden resultar en un dolor de cabeza para su actual titular, Elba Aponte. Por un lado, en menos de una semana comienza la vacunación de maestros. Este requerimiento es uno permisible conforme a las guías de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y la jurisprudencia establecida en  Jacobson v. Commonwealth of Massachusetts. Sin embargo, lo anterior está sujeto a dos excepciones por las cuales un maestro podría negarse a vacunar: razones médicas o religiosas. Dicho esto, según el General Reyes de la Guardia Nacional, el 90 % del personal del sistema de educación pública ha expresado querer vacunarse. Si bien este es un número considerable, resta un 10 % con el que la agencia tendrá que lidiar desde el punto de vista educativo, como también laboral.

Vacunado el personal, resta preparar los planteles para su reapertura después de, en ciertas instancias, un año cerrados. También el Departamento tendrá la tarea de evaluar cómo garantiza el distanciamiento apropiado entre estudiantes. Para ello tiene varias opciones. Por un lado, podría alternar la asistencia de estudiantes (unos días de las semanas unos estarían presencial y otros remoto y se alternarían) para lo cual debe contar con la tecnología en los salones para transmitir a los hogares. También podría establecer un horario escalonado o interlocking o mantener unos grados en las casas y otros en la escuela para maximizar el uso de salones. De otro lado, podría considerar la opción de reabrir planteles cerrados. Esta última opción resulta la más compleja en la medida que muchos de estos planteles aun arrastran los daños causados por huracanes, terremotos, el desuso y el vandalismo. Además, resulta difícil optar por esta solución en la medida que no se ha podido tan siquiera atender los problemas de infraestructura en las escuelas del sur. Tampoco podemos olvidar que el Departamento tendrá que desarrollar protocolos para mitigar los riesgos de contagio como también para lidiar con los inevitables casos de contagio que ocurran. De igual forma, debe adiestrar al personal sobre estos nuevos protocolos y, además, dotar a las escuelas con equipo de protección personal (EPP) y materiales para desinfección y limpieza. Alienado con lo anterior, deberá tomar medidas para el mantenimiento de los aires acondicionados y sus respectivos sistemas de filtración si es que opta por no eliminarlos (teniendo en mente la preferencia de espacios abiertos y mayor circulación para prevenir, aún más, el riesgo de contagio). También deberá determinar cómo atenderá el problema que podría representar los cambios de clases y la hora de recreo en los grados de primaria en la medida que son estos los menos conscientes del espacio personal.

Y esos son solo las variables que deberá atender la Agencia en preparación para el retorno a clases, porque tiene un reto más grande aún desde el punto de vista académico, socioemocional y sicológico. El tiempo perdido de clases ha generado unas lagunas inmensas en el aprovechamiento de los estudiantes por lo que será necesario evaluar, de alguna manera, a los estudiantes para poder identificar las áreas que necesitan ser reforzadas. También debe preparar a los graduandos para que estos puedan escoger el rumbo que habrán de seguir profesionalmente y la mejor institución postsecundaria para ello. Desde el punto de vista socioemocional hay mucho trabajo por realizar. Los estudiantes han visto seriamente lesionada la socialización indispensable que provee la interacción en las escuelas. Será tarea del personal de apoyo en las escuelas evaluar y atender estos lo cual requerirá, además, de la participación de los padres. No podemos perder de perspectiva tampoco el daño que el encierro ha tenido sobre la salud mental de los estudiantes. Estudios recientes indican que los lockdowns tienen graves efectos sobre la psiquis de los menores quienes han reportado mayores problemas de ansiedad, depresión, concentración e insomnio. En muchas instancias, estás condiciones pudieron exacerbarse debido a que muchos estudiantes tienen acceso a terapias y apoyo psicológico a través del Departamento. Además, el aumento de tiempo en los hogares ha tenido como efecto paralelo un aumento en los incidentes de maltrato y abuso intrafamiliar. Ni hablar del efecto que esto ha tenido sobre la población de educación especial; esto requeriría hacer aún más extenso este escrito. (No puedo imaginar el efecto negativo que la falta de servicios y asistencia ha tenido sobre su desarrollo).

Y sobre todo esto hay que añadir el lidiar con los obstáculos ordinarios del sistema, la eventual vacunación de menores de 16 años, el tirijala con las uniones y la inseguridad que causa todo esto en los padres que tendrán en sus manos el determinar si envía a sus estudiantes a la escuela u opta por seguir cargando con los problemas del encierro. Ciertamente, el sistema de educación pública tiene, ante sí, el mayor reto que ha confrontado, en mi opinión, en su historia. El futuro de la isla depende de nuestro sistema de educación (algo que, al parecer, no se enfatiza lo suficiente). Necesitamos un recurso humano capacitado, profesional y capaz de integrarse, de manera efectiva, en nuestra economía y sociedad. Más aun cuando los expertos en finanzas locales no ven un panorama favorable para el desarrollo económico. Confiemos en que la designada secretaria, quien viene de las filas del magisterio y conoce la realidad en las aulas, tenga éxito y que se pueda hacer de los mejores recursos para enfrentar esta épica batalla, por el bien de todos.

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