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CRÓNICAS

“Sobre Territorios y Estados” – Rodney A. Ríos Rodríguez

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Por: Rodney A. Ríos Rodríguez

Como es de conocimiento, los Territorios de Estados Unidos son regidos por la Cláusula Territorial de la constitución federal. El profesor y jurista Gary Lawson en su ensayo interpretando dicha cláusula explica que, durante mucha de la historia de la República, existía un debate sobre hasta dónde se extendían los poderes plenarios del Congreso. Se sabía que no era absoluto ese poder, pero había dudas de como operaba. La solución a las dudas constitucionales sobre la Cláusula Territorial, decía Lawson, era sencillamente que la Constitución se entendía que aplicaba en su totalidad y, eventualmente, ese Territorio sería admitido a la unión como Estado. Este fue el entendimiento constitucional que dominó por la mayor parte del siglo diecinueve, hasta principios del siglo veinte. Así las cosas, la idea de eventual admisión de los territorios anexados fue lacerada mediante los Casos Insulares. En esos casos, se abandonó esa construcción original de la Constitución a favor de la doctrina de incorporación, la que estableció que a los Territorios no incorporados no les aplicaba la totalidad de la constitución y no estaban destinados necesariamente a la estadidad.

Esto algunas personas – como el exjuez asociado de la Corte Suprema federal, Félix Frankfurter o el exgobernador Rafael Hernández Colón – argumentan que es beneficioso constitucionalmente, ya que permite flexibilidad en crear distintas formas de comunidades políticas en unión permanente a Estados Unidos. Sin embargo, esto ignora el hecho de que hay una razón por la cual los Territorios debían ser Estados. En el caso de Texas v. White, la Corte Suprema federal establece que Estados Unidos se compone de una unión indisoluble de estados. En ese caso, se define estado como una comunidad política con límites definidos, compuesta por ciudadanos libres, que se autogobiernan bajo una constitución escrita por ellos mismos. Dice además la Corte, que es la unión de esas comunidades bajo una Constitución federal común lo que constituye a Estados Unidos. Por ende, se desprende de esa lógica que para poder funcionar correctamente y llegar a la plenitud de soberanía compartida entre el gobierno federal y los ciudadanos que componen un estado, se necesita, en efecto, ser estado. Esto es simplemente como opera nuestro sistema constitucional. Otras formas de estatus siguen estando sujetos – de una forma u otra – a la Cláusula Territorial, algo que no se supone que fuese permanente para ninguna comunidad de ciudadanos americanos.

Es altamente improbable que los fundadores de la nación hubiesen encontrado aceptable la existencia de territorios permanentes, por más autonomía que puedan tener. Un requisito pleno para la democracia total y un gobierno por consentimiento es la participación efectiva de las unidades constitutivas de la federación en el gobierno nacional. Dicho de otra forma, para que un pueblo organizado como estado goce de su total soberanía interna necesita poder participar de la toma de decisiones y a la vez ayudar en la gobernanza de toda la federación. Es una de las formas que se expresa el gobierno por consentimiento dentro de nuestras instituciones.

En todo caso, los pilares de lo que será la comunidad política dentro de la unión permanente con el resto de Estados Unidos se establecen antes de la estadidad. Entiéndase: el libre comercio, la ciudadanía, libre movimiento, la común moneda, el mercado único, la defensa; todo esto se establece previo a la estadidad. A su vez, el Congreso está limitado al admitir estados a no poner condiciones que afecten el “equal footing” entre los estados, es decir, no puede discriminar creando condiciones que afecten a un nuevo estado haciéndolo desigual respecto a los miembros anteriores que componen la unión. En otras palabras, no puede obligar al estado en sus cuestiones internas a menos que sea un poder dentro de la soberanía federal.

Como vemos, Puerto Rico cumple con todos esos criterios de comunidad para ser un estado. En todos esos sentidos, ya la Isla está “americanizada”. Históricamente una de las preocupaciones del Congreso para admitir es que la nueva comunidad política (Estado) que busca admisión sea desleal o no sepa de gobierno democrático. Creo que es absurdo pretender que en Puerto Rico ese sea el caso. La Isla está integrada en todas las formas descritas anteriormente, por lo que solo resta el poder y representación política. Luis Muñoz Marín hablaba de que en proyectos de estatus se debían seguir tres objetivos: 1) Que el proyecto fuese sencillo; 2) que estuviese lleno de patriotismo y los beneficios que Puerto Rico provee a toda la Unión; 3) y que buscara resolver un problema particular y práctico. Es en estos puntos que se debe centrar la lucha por la estadidad en el nuevo Congreso llegado el 2021. El problema práctico para atender, lo que se debe reclamar por los estadistas, es subsanar la falta de adecuada representación y poder político de Puerto Rico.

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