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CRÓNICAS

“La vacunación compulsoria en la era del COVID” – Lcdo. Daniel S. Russe Ramírez

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Por: Lcdo. Daniel S. Russe Ramírez

Las circunstancias particulares provocadas por la pandemia actual por el COVID-19 han llevado a muchos de nosotros a sustituir nuestros medios acostumbrados de entretenimiento por otros que se ajusten a esta nueva realidad. Así, somos muchos los que nos hemos refugiado en los servicios de streaming como Netflix, Hulu, HBO, Starz y Viki, por mencionar algunos. En ese ejercicio, tuve la oportunidad de repasar una película que me cautivó, e impactó, desde la primera escena y que, en el contexto actual, cobra particular relevancia. Me refiero a la película Contagion dirigida por el director Steven Soderbergh y escrita por Scott Z. Burns (quien, recientemente, se expresó sobre la crisis actual por el Coronavirus). La película tiene como eje principal un novel y letal virus respiratorio que causa un estado de emergencia sin precedentes. La trama se torna aún más tétrica cuando el estado zona cero(ground zero, o donde se cree surge el brote) a nivel de Estados Unidos es puesto en cuarentena y el caos se apodera de las calles. La película presenta una serie de eventos crudos, pero muy posibles, en el contexto de una pandemia como motines, escases de medicamentos y provisiones y hasta la falta de bolsas para cadáveres.

Posteriormente, y en un tiempo récord de 113 días, se encuentra una vacuna lo cual trae consigo el problema logístico de cómo distribuirla y en qué orden. En este punto de la trama, los líderes gubernamentales encargados de lidiar con el problema, junto con las autoridades salubristas, determinan dar prioridad a cierto personal médico y para la población general se utilizó un sorteo por día y mes del año en el cual según se sacaba la fecha, era el turno de vacunación para un total de 365 turnos. Según la trama se desarrolla, personas en otros países utilizan hasta el secuestro de funcionarios de la ONU para tratar de obtener un mejor turno en la fila internacional de espera por la vacuna. Hago todo este preámbulo porque siempre me pareció curiosa la forma en que el libretista plasma la reacción de la sociedad al encontrar la vacuna. En el filme, las personas se están peleando por ser de los primeros en ser vacunados y hasta están dispuestos a cometer crímenes para así conseguirlo. Me llama mucho la atención porque creo que esto contrasta mucho con lo que vemos en Estados Unidos con el tema de la vacunación en décadas recientes, y no hablemos en el contexto de una vacuna para Covid-19 cuando algunos estudios de opinión arrojan que 25% de los estadounidenses no se pondrían la vacuna.

Como es de conocimiento general, a través de los años se ha desarrollado en varios estados movimientos y grupos antivacunación. Estos grupos antivacunas (para quienes se ha acuñado el término anti-vaxxers en inglés) son muy vocales y apasionados con su la convicción de que las vacunas son “innecesarias” y hasta “dañinas” al punto que se han dado casos en los que se acosa a padres que han perdido a sus hijos por falta de vacunación y que hoy las defienden. En ciertos estados, la oposición ha sido tal que, en años recientes, se han reportado brotes de enfermedades que se creían erradicadas del globo, como el sarampión (Measles) del cual se reportaron 1,282 casos a través de 31 estados en el 2019. Al reflexionar al respecto, es inevitable preguntarse cómo el gobierno, tanto federal como estatal, logrará que al menos el 70% de la población (por ciento que las autoridades salubristas entienden ser el mínimo necesario) sea vacunada contra la enfermedad.

La realidad es que, con el marco legal actual, el estado tiene un poder considerable que va más allá de las libertades y derechos civiles de la ciudadanía. A manera de ejemplo, el incremento de casos de sarampión ha tenido como consecuencia que estados como Nueva York hayan tenido que tomar medidas tan drásticas como: restringir la libertad de movilidad de personas contagiadas; condicionar el retorno presencial a las escuelas a la vacunación de al menos 70% de su matrícula; restringir la presencia de menores sin vacunar en lugares públicos en los que se aglomeran personas; y la vacunación mandatoria de todo menor mayor de 6 años, salvo ciertas excepciones, so pena de multas de $1,000.00. Ciertamente, estamos hablando de medidas drásticas que restringen, considerablemente, las libertades individuales de la ciudadanía. Si bien estas medidas pueden parecer extremas, la realidad es que son constitucionalmente permitidas. Bajo el ordenamiento legal actual, los estados tienen la potestad de adoptar leyes para proteger la salud pública, seguridad y moral de sus ciudadanos.

 En el caso de la vacunación mandatoria, el caso que establece la norma, y que aún sigue vigente desde el 1905, es Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905). En el referido caso, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la constitucionalidad de una ley del estado de Massachusetts que le requería, a todos los adultos residentes de Cambridge, vacunarse contra la viruela, so pena de multas. El Tribunal Supremo Federal, de aquel entonces, expresó lo siguiente:

El demandante insiste en que se invade su libertad cuando el Estado le impone una multa o pena de cárcel por omitir o negarse vacunar; que una ley requiriendo la vacunación compulsoria es irrazonable, arbitraria y opresiva […] Pero la libertad asegurada por la Constitución de los Estados Unidos a cada persona dentro de su jurisdicción no implica un derecho absoluto de la persona de estar, en todo momento y en todas las circunstancias, completamente libre de restricciones […] Existen múltiples restricciones a las que toda persona está, necesariamente, sujeta por el bien común […] Este tribunal ha reconocido como principio fundamental, en más de una ocasión, que ‘las personas y los bienes están sujetos a todo tipo de restricciones y cargas para asegurar la tranquilidad general, la salud y la prosperidad del estado’ […][1] (Traducción nuestra).

Si bien el caso tiene sobre 100 años, la decisión aún no ha sido revocada y es el derecho vigente. Cabe señalar que, en el referido caso, el tribunal hace la salvedad que, del estado haber adoptado un método “angustiante, inconveniente u objetable”, fuera de su jurisdicción o innecesario, se hubiese entendido como una acción inconstitucional.

Recabamos que, en Jacobson v. Massachusetts, la orden de vacunación fue por mandato legislativo, por lo que, en la eventualidad que se ordenase la vacunación compulsoria de la población mediante una Orden Ejecutiva (lo cual se ha vuelto la norma durante esta emergencia, al menos a nivel estatal), habría que ver la constitucionalidad de tal mandato. Por otra parte, vale la pena aclarar que una cosa es una orden de vacunación “mandatoria” y otra es una vacunación “forzosa”. En la primera, hablamos de un mandato del estado a que se vacunen so pena de multas o de la restricción en la participación de actividades o en el recibo de servicios. A manera de ejemplo, podemos enumerar aquellos requisitos de vacunación en instituciones educativas o cuidos de niños. Esto dista mucho de la vacunación obligatoria y a la fuerza de los ciudadanos lo cual ha sido clasificado por el Tribunal Supremo Federal como una interferencia substancial con la libertad del individuo en Washington v. Harper 494 US 210 (1990).

De otra parte, resulta relevante elaborar un poco sobre las facultades de los patronos de requerir a sus empleados que se vacunen, La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) ha expresado que los patronos pueden requerir a los empleados que estos se vacunen, salvo aquellos casos en los que, por el historial médico particular, la vacuna podría causar una reacción nociva a su salud, como por ejemplo, una de índole alérgica. Por su parte, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) ha establecido una excepción similar para aquellos casos en que el padecimiento de una discapacidad previa impide que el empleado pueda vacunarse contra una enfermedad específica, en cuyo caso, el patrono debe realizar ofrecer un acomodo razonable tal como lo requiere la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) si tal acomodo no representa una carga onerosa en términos económicos. Finalmente, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege a los empleados de que se le discrimine durante su contratación ascenso o despido por su raza, color, sexo, religión, origen nacional o embarazo, aunque en menor grado que lo protegido por ADA. Estas excepciones han llevado a que la EEOC recomienda a los patronos, como una mejor opción, el promover la vacunación en su plantilla laboral en oposición a requerirla.

A fin de cuentas, el clima, en extremo politizado, en los estados en cuanto a la mejor forma de manejar la pandemia, junto al sentimiento antivacunas que se ha desarrollado en los estados durante la pasada década, nos lleva a concluir que la vacuna contra COVID-19 será objeto de mucha controversia si el Gobierno establece esta como una mandatoria. En ese escenario, serán nuestros tribunales supremos, tanto estatales como federales, los que tendrán la difícil tarea de trazar la línea entre las libertades que tenemos como individuos y los deberes sobre la seguridad y salud pública que tiene el estado para con la ciudadanía. Ya veremos cuál, en estos tiempos polarizantes e híper sensibles, tiene más peso en la balanza de la justicia y el sentido común.

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