Connect with us

CRÓNICAS

“Ya es hora de atender seriamente a la UPR” – Dr. José M. Saldaña

Published

on

Por: Dr. José M. Saldaña

A mi edad y mis circunstancias, no tengo por qué limitarme en decir lo que pienso y digo sin considerar ni suscribirme al nocivo politically correct síndrome. Digo las cosas como las veo y las siento. Al qué lo quiera oír, leer o entender, me alegro y el que no, sea quien sea, pues no hay problema. Señalo esto de entrada, porque lo que expreso por este medio es una crítica respecto al trato brindado a la institución que ha estado ligada a mi ser desde los 13 años hasta el presente y su precaria condición actual. Como estudiante de la Escuela Superior de la Universidad (UHS), estudiante de la Universidad en la facultad de Ciencias Naturales, Recinto de Rio Piedras, estudiante en la Escuela de Medicina Dental en el Recinto de Ciencias Médicas, profesor, director de departamento en ese recinto, Decano de la Escuele de Salud Pública, Rector del Recinto de Ciencias Médicas y presidente de la UPR, creo conocer muy bien la institución que hoy aquí me ocupa y preocupa.

Me motiva a escribir esta columna una noticia que salió en la prensa referente a la desestimación por el Tribunal de Primera Instancia de los casos de los estudiantes que hace alrededor de 4 años tomaron violentamente por asalto la sala de reuniones de la Junta de Síndicos de la UPR. Dicho tribunal determinó la desestimación en los casos contra Gabriel Díaz Rivera, Verónica Del C. Figueroa Huertas, Randiel J. Negrón Torres, Francisco A. Santiago Cintrón y Thaliangelly Torres González.

Esto, supuestamente debido a la indisponibilidad de un testigo que se encuentra fuera de Puerto Rico y manifestó en varias ocasiones, que no está en disposición para viajar a la Isla. En la resolución escrita por la jueza superior Eloína Torres Cancel esta indica que el Tribunal no tiene un mecanismo real y efectivo para compeler su comparecencia ni en esta ni en ninguna otra etapa del procedimiento.

“En cuanto a planteamientos traídos por la defensa es de notar que el Tribunal no entendió meritorio atender ninguno de ellos. Por lo que permanece el estado de derecho en cuanto a las actuaciones investigativas, las cuales fueron realizadas al amparo de una Orden de Registro y Allanamiento, sin violentar derechos de estos u otros ciudadanos”, estableció por medio de declaraciones escritas el Ministerio Público.

Además, resaltaron que en este caso el procesamiento fue avalado en dos etapas diferentes por jueces distintos al obtenerse causa para arrestar y causa para acusar.

Me causa gran disgusto e incomodidad el que no se ha escuchado al presidente de la UPR Jorge Haddock ni al de la Junta de Gobierno Walter Alomar expresarse sobre este asunto. Silencio total en un asunto que a mi juicio requería una declaración pública inmediata de ambos protestando por la decisión y solicitando urgentemente al Departamento de Justicia una reconsideración de ese fallo o una apelación.

Este es un caso de gran importancia para la institución pues establece un mal precedente dándole impunidad a los estudiantes y/o miembros de organizaciones para irrumpir violentamente en las reuniones de la Junta de Gobierno o de cualquier otro cuerpo y amenazar, agredir, escupir, intimidar e impedir el movimiento a los miembros de esa Junta como sucedió.

Vamos a los antecedentes que a mi juicio dan lugar a de toda esta situación.

La actual administración del PNP ha tenido en descuido negligente a la Universidad de Puerto Rico. Por los pasados cuatro años dejó sin nombrar a cuatro personas para ocupar posiciones en la Junta de Gobierno de la institución. Una institución del Estado en la cual su Junta de Gobierno estuvo en precario para tomar decisiones importantes por no contar con una clara mayoría del Estado en ella. Peor aún, desde hace meses todos los miembros de dicha Junta se encuentran funcionando con nombramientos cuyos términos expiraron -algunos desde hace más de un año-.

Ahora, la gobernadora Wanda Vázquez de manera súbita y aparentemente inconsulta acaba de hacer tres nombramientos a la Junta de Gobierno de la UPR. Lo más razonable que se esperaría de una persona que en varios meses habrá de salir de la posición que ocupa es que hubiese consultado y discutido esos nombramientos con el Licenciado Pedro Pierluisi -la persona de su partido que muy probablemente la habrá de suceder en la posición- para llegar a un entendido. No lo hizo. Esto hubiese sido lo más prudente.

La Junta de Gobierno de la UPR requiere de funcionarios probos con experiencia y conocimiento profundo sobre la institución Universidad, sobre nuestra universidad, con la disposición de actuar valientemente y de establecer canales positivos de diálogo y comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal. Canales que en estos momentos no existen ni con la presidencia de la institución.

La información que tenemos es que la administración central se rehúsa a implementar las recomendaciones contenidas en el Plan Fiscal que sometiera dicha Junta. Estos canales son esenciales para lograr una Junta de Gobierno que defina un claro mandato de política institucional a seguirse pues podemos anticipar que se avecinan tiempos borrascosos para la Universidad durante el próximo cuatrienio.

Vamos a darles un poco de historia para entender bien la situación de la UPR. Allá para las décadas de los cuarenta y los cincuenta el PPD influenciado por las posturas socialistas de Redford Guy Tugwell y Luis Muñoz Marín se estableció en la isla un sistema socialista de gobierno grande, paternalista. Por unas décadas ese sistema, bajo el territorio no incorporado (ELA) con la implantación de una serie de beneficios de exención contributiva para atraer industrias aparentó funcionar y mover nuestra economía hacia adelante para sacarnos de la extrema pobreza que padecíamos. Pero ese sistema fue colapsando por la nefasta realidad colonial y por la irresponsable actuación de gobernantes que nos endeudaron gastando más de lo que producíamos. Juntamente con el estallido de la burbuja inmobiliaria local a partir del 2005 y la consiguiente crisis bancaria del 2006 hemos llegado a la actual situación de una gigantesca y monumental quiebra que amenaza nuestra posibilidad de existir como pueblo.

Una de las instituciones que se benefició de ese gobierno grande, paternalista fue la Universidad de Puerto Rico. Esta desarrolló una dependencia patológica a funcionar casi exclusivamente con fondos del estado benefactor. Más del 70% de los ingresos actuales de la institución son fondos del estado mientras que en las universidades de los estados de la unión el promedio de esos fondos es de 20- 30 %. Hoy ante la quiebra del estado y habiendo crecido exponencialmente a base de endeudarse y sin haber desarrollado una cultura de búsqueda sustancial de fondos privados, la institución enfrenta una crisis que habrá de requerirle cambios fundamentales. Cambios que muchos en la institución no quieren reconocer y desgraciadamente la actual administración rehúsa implantar prefiriendo enfrentarse a posibles pleitos judiciales.

En escritos anteriores he manifestado que La Junta de Supervisión Fiscal sometió un bien pensado plan fiscal para la institución que conlleva una reducción anual en la aportación que hace el gobierno central al presupuesto general de la UPR que lo reduciría de la actual aportación de $879 millones hasta $ 389 millones para el año fiscal 2024. La Junta además aumentó el costo por crédito, subgraduado para llevarlo a $ 157.00 para ese mismo año. De igual manera se estipulan aumentos en los costos del crédito graduado. Se eliminan prospectivamente la mayor parte de las exenciones de matrícula como por ejemplo a los empleados y familiares de estos, a los atletas, a integrantes de coros y de otras actividades, manteniéndose las matrículas de honor y la exención por servicio militar. Se dispuso $250 millones para becas destinadas a estudiantes de escasos recursos. Esto en adición a las becas Pell, por lo que no debe privarse de estudiar a ningún estudiante por falta de ingresos. Se recomienda cambiar el sistema de retiro a uno de contribuciones definidas como los conocidos 401 k así como una reducción a los beneficios acumulados por los retirados. Entiende la JSF que con estos cambios no será necesario reducir el número de recintos y se podrá salir de la situación de gran crisis fiscal proyectada.

Estoy de acuerdo en la mayoría de lo propuesto por la JSF pero difiero de esta en lo que considero que ante las actuales circunstancias fiscales y económicas en una isla de 100 por 35 millas donde la mayor parte de los recintos se encuentran a de 15 a 20 minutos unos de los otros, no se justifica la actual duplicidad de estructuras físicas y administrativas. La opción de integrar administrativamente algunas de estas unidades no creo que rinda los beneficios anticipados por lo que considero será necesario la eliminación de algunas de ellas, posiblemente 3. Un ejemplo critico de esta situación es el Recinto de Utuado que tiene una matrícula de 831 estudiantes (subgraduados) y un presupuesto de (2018–19) de $15,929,000 a un costo de $19,168 por estudiante, para este año las admisiones fueron menos de 250 estudiantes con un presupuesto 2020:  $17,683,000; el Recinto de Utuado está a 18 minutos del de Arecibo.

La UPR está inmersa no solo en una crisis fiscal sino también lleva décadas en una ideológica y de pertinencia de gran magnitud por haberse creado en ella un clima de constante conflicto, paros y huelgas que amenazan su viabilidad como institución pertinente acreditable. Desde un principio ha existido en ella un grupo sustancial del profesorado que son activistas de tendencia ideológica de extrema izquierda que por razones de carácter ideológico objeta la democracia liberal y la globalización entendiendo que han propiciado y aumentado la desigualdad de clases por lo que utiliza el salón de clases para tratar de adelantar la institución como un ente desestabilizador del gobierno y así avanzar las causas ideológicas de la izquierda socialista.

Sabemos que existe además gran indiferencia, ineficiencia y desperdicio de recursos no solo fiscales, físicos y humanos, sino que también hay una gran cantidad de programas que no se han actualizado en mucho tiempo, que no tienen la pertinencia que tuvieron en el momento en que se crearon, pero aun así persisten. Existen además programas duplicados en los distintos recintos con poca o ninguna demanda por parte de estudiantes que perciben que estos no tienen relevancia para el mundo en que deberán integrarse al graduarse. Esto ha sido plasmado en informes que tiene desde hace varios años la administración central (presidencia) en su poder sin haberse hecho nada al respecto.

En fin, la UPR tiene que revisarse completamente tanto académica como administrativamente. Tendrá que hacerse más pequeña, más autosuficiente y pertinente. Ese es el reto existencial que le hace La Junta de Supervisión Fiscal a la actual administración universitaria. Ahora bien, la actual administración no ha hecho nada en esa dirección y no anticipamos que lo hará. La razón es sencilla… les temen a las consecuencias de los cambios. Les temen a las posibles reacciones de políticos, de las organizaciones de profesores, laborales y estudiantiles.  Prefieren el nefasto pero cómodo “status” quo.

A mi juicio el nombramiento del actual presidente Jorge Haddock fue un gran error de la administración del gobernador Ricardo Rosselló. Ante la designación del actual presidente hace dos años escribí en una columna lo siguiente:

“Viendo su resumé tengo que estar de acuerdo que tiene una gran preparación académica.  Parece ser un académico de primer orden, sin embargo, revisando sus credenciales no encuentro que haya tenido bajo su mando una institución de la complejidad de una Universidad multi campus -de 11 recintos con 60,000 estudiantes y en las condiciones de precariedad que se encuentra la UPR. No son sólo las cualificaciones académicas /docentes las que deberán servir para llevar al éxito al nuevo presidente.

No creo que el nuevo presidente haya tenido que desempeñarse en una institución con peculiaridades como la UPR. En todas las instituciones de educación superior hay conflictos de ideas, de visiones de mundo, de enfoque y de cómo llevar a cabo la función docente. A la nuestra hay que añadirle a esa realidad una situación adicional que en nuestro entorno cobra gran importancia y requiere conocimiento y experiencia administrativa vivida… la lucha del radicalismo ideológico por el estatus”

Al señor presidente Haddock personalmente le comuniqué que estaba sentado en un barril de pólvora particularmente en un año de elecciones. Hoy se lo reafirmo, pero me temo que ya es muy tarde pues estas organizaciones “le han medido el aceite” y lo tienen por temeroso y débil, precisamente en un momento que más que calificaciones académicas se requiere demostrar carácter y valentía.

Hace varios meses me quedé sorprendido e indignado ante la destitución del Rector del Recinto de Humacao Dr. Héctor Ríos Maury – universitario cabal y honesto- por el presidente Haddock debido a presiones por parte de las organizaciones laborales respecto al contenido de un informe de la Administración Central que acusaba al Rector de malas prácticas administrativas en la otorgación de contratos para la restauración del Recinto luego del paso del huracán María. Las malas prácticas supuestamente consistían en la otorgación de contratos sin llevar a cabo subastas. Esto frente a una situación de extrema emergencia por tener la mayor parte de las estructuras destruidas o grandemente afectadas, situación para la cual el anterior presidente había decretado normas que rescindían las subastas ante la situación de emergencia. El Rector escribió su respuesta a los señalamientos refutándolos, pero no se le dio mediante el debido proceso, la oportunidad de reunirse con el presidente Haddock para discutirlos y exponerle sus argumentos y puntos de vista ante la emergencia que confrontaba. En su lugar se le solicito la renuncia, lo cual constituye una destitución ya que la renuncia no fue voluntaria.

Estas organizaciones ante las cuales el presidente Haddock se plegó y complació para evitarse problemas, son las organizaciones socialistas que por décadas han llevado a cabo una faena de desestabilización y crear caos en la institución para desde allí mover la independencia de la isla hasta convertirla en una república socialista. A esos sectores no les importa a quien se ponga de rector siempre y cuando sea manipulable por ellos para sus fines ideológicos.

Meses más tarde, me sorprenden e indignan nuevamente unas declaraciones del presidente de la UPR Dr. Jorge Haddock sobre el Rector del Recinto de Ciencias Médicas Dr. Segundo Rodríguez Quilichini que aparecieron en la prensa.

No podía creer lo que estaba leyendo… el presidente “esperará a que se completen las investigaciones que se llevan a cabo sobre el rol del cirujano Dr. Segundo Rodríguez Quilichini en la compra de pruebas rápidas para detectar coronavirus antes de tomar una decisión en torno a su permanencia como rector del Recinto de Ciencias Médicas (RCM).”

Es decir que, porque desde diversos sectores de la comunidad universitaria habían pedido la renuncia del Rector ante la situación de la llamada investigación legislativa sobre el contrato de Apex, el presidente puso en suspenso la permanencia del rector en su posición, me pareció un acto insólito de irresponsable cobardía por parte del presidente.

Los sectores de la comunidad universitaria que le habían solicitado la renuncia al rector son los mismos que he mencionado anteriormente Eso de pedir renuncias se lo han hecho a todas las administraciones que no se pliegan ante los reclamos insaciables de controlar la institución para adelantar sus objetivos y causas ideológicas.

Lo menos que esperaría un rector es que su presidente, que le extendió un nombramiento en propiedad a esa posición, es que ante las actuales circunstancias dijera que el Rector tiene todo su apoyo y confianza hasta que se le pruebe fuera de toda duda razonable si eso sucediera – que ha cometido algún delito.

Con esas declaraciones timoratas lo que el presidente ha hecho es estimular las protestas y la presión de esos sectores para lograr sus objetivos particularmente en un momento en que tanto el Secretario de Salud y la gobernadora le habían reiterado la confianza al Rector.

El actual presidente de la UPR Jorge Haddock tiene un salario de $240,000 anuales más beneficios marginales como casa, automóvil, chofer y gastos de representación que suman alrededor de $350,000. Además de esto se le reclutó prometiéndole una plaza docente permanente de catedrático. Ningún presidente anterior había tenido ni la mitad de semejantes beneficios. Todo esto supuestamente porque era un efectivo y extraordinario recaudador de recursos externos de filantropía – no de recursos federales como de investigación, becas y ayudas económicas a los que se acceden por razones que nada tiene que ver con la gestión personal del funcionario – y la realidad es que no ha conseguido un centavo de empresas ni de exalumnos con mucha solvencia, asi como tampoco ha puesto en vigor un plan de práctica intramural para toda la institución que generen los recursos necesarios. Tampoco hemos visto un plan efectivo de reducción y de integración de recintos. La opción no puede ser pedir más dinero al estado porque el estado no los tiene.

Desde tiempos inmemoriales dentro de la UPR han estado en lucha y choque dos visiones distintas de la Universidad. La universidad latinoamericana post Reforma de Córdoba con un marcado activismo y sesgo ideológico, en la cual predominan el cogobierno, la extrema autonomía universitaria, la libertad de catedra, la enseñanza gratuita y la asistencia social a los estudiantes. Esta visión ha sido históricamente promovida y apoyada por la izquierda radical, separatista, local. La otra visión, promovida por Don Jaime Benítez: la universidad como “casa de estudio”. Libre en gran medida del sesgo y del activismo político. Una universidad similar a las universidades estatales progresistas de los Estados Unidos, regida por una junta de gobierno que representa el interés público y que designa a los funcionarios que la dirigen. Esa universidad cuenta con el auspicio fiscal del estado, pero rindiéndole cuentas a este.

Esta visión fue apoyada por el PPD mientras Don Jaime dirigía la institución, pero según el PPD se fue moviendo hacia la izquierda separatista, fue desprendiéndose de la visión de Universidad Norteamericana, moviendo la institución cada vez más hacia el modelo de la universidad decadente latinoamericana, políticamente activista y propulsora de la extrema izquierda nacionalista.

De Don Jaime Benítez en adelante, las distintas administraciones de la UPR han ido cediendo sus poderes a organismos oficiales y a grupos extraoficiales de la institución. A pesar de que existen en ley mecanismos de participación de estudiantes, de docentes y no docentes en la discusión y toma de decisiones en los distintos niveles y foros académicos, a estos grupos se les ha ido concediendo -de facto- paulatinamente prácticas y derechos que no estaban contemplados en las leyes del país tales como – entre otros- la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Todo ello disfrazado o justificado como medidas demostrativas del gran carácter de justicia social y apego por principios democráticos, cuando la realidad es que han sido cedidas por miedo de los administradores de turno de la universidad y del país a las repercusiones de la agitación universitaria por elementos de la izquierda en los procesos políticos eleccionarios.

Una de esas prácticas y políticas que, alegadamente, comenzó como un intento genuino de la comunidad universitaria para la solución de conflictos mediante la no violencia, pero que hoy se ha desvirtuado totalmente su intención, constituyéndose en un impedimento para la gobernabilidad institucional, ha sido la llamada política de no confrontación.

 Esta mal llamada política de no confrontación establecida durante la presidencia del Licenciado Fernando Agrait en la década de los 80 ha servido como manto sagrado para que elementos revoltosos, anarquistas, irrespetuosos de la ley y el orden institucional y del país violen reglamentos, leyes y derechos a tutiplén. Provoquen, confronten, desafíen, insulten y agredancomo les plazca y enseguida apelen a la política de no confrontación para que no se les arreste, encause ni se les apliquen las leyes y reglamentos. Increíblemente, ya se espera y se pretende -por haberse constituido en la práctica usual por administradores timoratos y cobardes- el que en aquellos casos que se logre apresar a estos delincuentes, que no se proceda contra ellos en aras de que son jóvenes inocentes víctimas del sistema, que lo que hacen es protestar contra las injusticias de éste ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. El mejor ejemplo reciente ha sido el caso de los estudiantes que tomaron violentamente por asalto la sala de reuniones de la Junta de Síndicos de la UPR.

Esta desgraciadamente es la UPR de hoy con su actual irrelevancia, desprestigio y con una habitual dependencia patológica por cada vez más dinero del estado. Esta universidad tiene que ser reformada de arriba abajo. Pero esta reforma no puede llevarse a cabo por los responsables de la actual situación institucional. Considero que llegó el momento de cambiar la cúpula directiva de la institución, la presidencia y La Junta de Gobierno.

Al presente se ha sometido ante la legislatura -por un comité institucional en el cual están presente las mismas organizaciones de izquierda- un proyecto de ley para una reforma universitaria que llevaría a la institución al cogobierno desacreditado de las universidades latinoamericanas decadentes. Ese Proyecto debe ser rechazado.

A quienes les caiga el sello que se lo pongan…

Copyright © 2020 Ojo al Medio. LLC.