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CRÓNICAS

EXPRESIDENTE CORTE DE QUIEBRAS DESMONTA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE PENSIONES – Luis R. Dávila Colón

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Por: Lcdo. Luis R. Dávila Colón

El expresidente del Tribunal Federal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico, el exjuez Gerardo Carlo, concluyó hoy en una columna periodística publicada en el rotativo El Nuevo Día, que el compromiso de la Gobernadora Wanda Vázquez Garced para garantizar las pensiones de los empleados públicos mediante enmienda constitucional es ineficaz en derecho. 

El experto en quiebras afirmó que la aprobación de una enmienda constitucional para evitar el recorte de pensiones de empleados públicos en el proceso de reestructuración de deuda no asegurada, conflige con la Ley PROMESA y con la Doctrina de Supremacía Federal. Al ser la Constitución de Puerto Rico una ley Federal, las disposiciones de la Ley PROMESA dejan sin efecto cualquier esfuerzo local para evitar que las jubilaciones sufran recortes como la deuda no asegurada que es. Actualmente, el pago de jubilaciones a cerca de 140,000 exempleados públicos que se acogieron a los beneficios del Retiro, es subvencionado por los recaudos del Departamento de Hacienda y obligan una cuarta parte del presupuesto anual. 

En el año 2018, el Comité de Retirados del ELA (COR) acordó con la Junta de Supervisión Fiscal realizar rebajas de 8.5% a toda pensión mayor de $1,200.00. Ese acuerdo ya forma parte integral de los planes fiscales certificados por Corte Federal bajo la Ley PROMESA. Dichos pagos no tienen prioridad ni protección constitucional, ya que no constituyen parte de la deuda pública garantizada, conforme al Artículo VI, Sección 8 de la Constitución de Puerto Rico. 

La propuesta de la Gobernadora, hecha faltando días para la primaria del PNP en la que figura como candidata, requiere que en la actual Sesión Extraordinaria que concluye dos días antes de la primaria, la Asamblea Legislativa apruebe una Resolución Concurrente con por lo menos 3/4 partes del número total de los miembros de cada cámara. Tramitada la Resolución Concurrente, la proposición de enmienda se sometería a los electores mediante referéndum el día de las elecciones. El partido de mayoría en este momento no cuenta con 3/4 partes de los votos en cada cámara y se desconoce si el Partido Popular prestaría sus votos para completar las 3/4 partes requeridas del pleno, según lo requiere el Artículo VII, Sección 1 de la Constitución. 

De otro lado, tal como afirma el exjuez Gerardo Carlo, dicha proposición requeriría la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal y de la jueza Taylor Swain por comprometer el 25% del presupuesto anual al pago de obligaciones no garantizadas ni estructuradas.

Expertos en quiebras consultados por este medio, dudan que el organismo Federal ate una parte tan sustancial del presupuesto mermado por las crisis, al pago permanente y sin reestructurar de estas obligaciones que en este momento gozan de menor rango, prelación y prioridad en la escala de obligaciones a pagar del quebrado Erario colonial. 

De hecho, un día como hoy hace un año, el exgobernador Ricardo Rosselló, luego de haber presentado la renuncia a su cargo efectiva el 5 de agosto de 2019, había asignado a los pensionados $1,400 millones para su retiro provenientes del Fondo General, según Resolución Conjunta de la Cámara 513 (El Vocero, 27 de julio de 2019). Esa asignación fue incorporada al presupuesto 2019-20 luego de una negociación con la Junta de Control Fiscal, mediante la cual el gobierno se comprometía a hacer recortes en otras partidas para asumir el pago de las jubilaciones. Sin embargo, el exgobernador nunca estuvo dispuesto a aceptar la rebaja de 8.5% que la Gobernadora Vázquez Garced posteriormente le aceptó a la Junta.

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